Durante su intervención ante los medios posterior a la condena del fiscal general del Estado, Isabel Díaz Ayuso señaló que el 20 de noviembre adquirirá relevancia en la historia de la democracia española tras la decisión del Tribunal Supremo de declarar culpable a Álvaro García Ortiz, fiscal general, por revelar secretos con la intención de afectar a un adversario político. Según informó Europa Press, la presidenta de la Comunidad de Madrid subrayó que el tribunal impuso al fiscal general una inhabilitación de dos años y una multa de 7.200 euros, además de ordenar una indemnización de 10.000 euros por daños morales a Alberto González Amador, pareja de Ayuso, quien fue la persona afectada por la filtración de información.
Ayuso, en sus declaraciones desde la Real Casa de Correos, insistió en que el caso pone de manifiesto la capacidad de la Justicia española para operar frente al empleo arbitrario y político de las instituciones del Estado. Según detalló Europa Press, la dirigente madrileña sostuvo que el ciudadano común dispone de la protección de los tribunales ante delitos cometidos por el poder estatal, ejemplificando su postura con el reciente fallo judicial. A su juicio, la revelación de secretos personales por parte del fiscal general no solo vulneró derechos individuales, sino que puso en evidencia la posibilidad de que cualquier ciudadano se vea expuesto a situaciones similares.
La presidenta regional remarcó que la propia actuación del Colegio de la Abogacía de Madrid, que intervino en defensa de la abogacía y el derecho a la defensa, ilustró la gravedad institucional del episodio, según consignó Europa Press. En su intervención, Ayuso calificó los hechos como un "inadmisible y peligroso atropello" y enfatizó que se trató de un delito incompatible con los principios de una democracia liberal. A pesar de la gravedad de los acontecimientos, sostuvo que la respuesta judicial constituye una señal positiva para el Estado de derecho, aunque afirmó que "ningún español debe soportar algo así".
Ayuso vinculó la actuación del fiscal general con la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acusando a ambos de operar de forma coordinada para intentar "acabar" con su figura a través de procedimientos que no se ajustan a la legalidad. Según publicó Europa Press, la mandataria denunció la supuesta colaboración entre Sánchez y García Ortiz, asegurando que es contrario a cualquier democracia liberal que un fiscal general dependa funcionalmente del jefe del Gobierno.
En sus palabras, Ayuso expresó preocupación porque España pueda presentarse internacionalmente como un país en el que el presidente interviene de forma impune en el ámbito judicial. "¿Cómo explicarle al mundo que España no tolera que su presidente arremeta impunemente contra el Poder Judicial?", planteó durante la comparecencia, según consignó Europa Press. También criticó que se haya trasladado a la opinión pública la versión de que el episodio constituye un enfrentamiento entre partes equivalentes, punto que negó, argumentando que se trata de un avance hacia una mayor polarización social.
La dirigente del Ejecutivo autonómico fue especialmente crítica con la actuación de Pedro Sánchez, a quien acusó de "dinamitar la separación de poderes" y actuar como "juez y parte" en este asunto, según recogió Europa Press. Ayuso sostuvo que el presidente intentó influir directamente sobre la sentencia del Tribunal Supremo y vinculó a Sánchez con la creación de una estructura destinada a desacreditar y presionar a jueces, fiscales y periodistas. Esta supuesta maquinaria, según Ayuso, tendría por cometido limitar la capacidad de actuación de estos profesionales e intimidarlos en el ejercicio de sus funciones.
En relación a la difusión internacional del caso, Ayuso afirmó que "la noticia ha dado la vuelta al mundo", y reiteró que la existencia de dependencia entre el fiscal general y el presidente del Gobierno supone un hecho inexistente en otras democracias consolidadas. Según detalló Europa Press, Ayuso también hizo alusión a las declaraciones previas de Sánchez, donde el presidente habría manifestado que el fiscal dependía de él y sugirió que ambos colaboraron en la destrucción de dispositivos electrónicos con el objetivo de obstaculizar la labor judicial.
La presidenta madrileña manifestó la necesidad de que episodios como el facturado en este caso no vuelvan a producirse en España, y subrayó que el aparato del Estado no puede utilizarse para proteger a quienes lo gobiernan ni para encubrir posibles situaciones de corrupción. Con declaraciones recogidas por Europa Press, Ayuso concluyó que la noticia no representa una confrontación entre iguales, sino una muestra del uso del poder estatal con fines partidistas, añadiendo que el Estado no debe ponerse al servicio del Gobierno para fines ajenos al interés general.
