La incorporación de agravantes vinculadas a la utilización de menores y herramientas tecnológicas en organizaciones criminales figura entre los principales cambios aprobados en la reforma penal sobre crimen organizado en Brasil. A raíz de situaciones de violencia extrema, como el operativo policial de octubre en Río de Janeiro que causó 121 muertes y fue catalogado por medios brasileños como el más letal en la historia de la ciudad, la Cámara de Diputados decidió avanzar en la legislación, enfrentando diferencias entre gobierno y oposición y respondió al aumento de la presión social para adoptar medidas más estrictas. Esta reforma añade nuevas figuras delictivas y endurece las penas tanto a miembros de bandas criminales reconocidos como a quienes colaboren con apoyo logístico o tecnológico, introduciendo la noción de Dominio Social Estructurado, según detalló el diario brasileño Folha.
Con una votación de 370 votos a favor y 110 en contra, los diputados aprobaron un texto que modifica sustancialmente la propuesta inicial del Ejecutivo encabezado por Luiz Inácio Lula da Silva. Folha reportó que el gobierno buscó posponer la votación sin éxito, mientras el Legislativo optó por ampliar y modernizar el alcance de los delitos y sanciones. La medida contempla castigos de hasta veinte años de prisión para quienes proporcionen refugio, suministren información, faciliten armas, o inciten a otros a delinquir, aun cuando su implicación sea indirecta y no formen parte orgánica del grupo criminal.
El Dominio Social Estructurado se definió para permitir la aplicación de la justicia no solo a los líderes visibles o integrantes directos de facciones reconocidas, como el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Rojo, sino también a personas que aprovisionan soporte técnico, logístico o refugio: actores fundamentales en la operatividad y expansión de estas redes. Folha puntualizó que esta legislación busca intervenir de modo preventivo en la cadena de apoyo de las organizaciones, obstaculizando el respaldo indirecto que hasta ahora resultaba difícil de sancionar bajo la normativa precedente.
La reforma también introduce una categorización diferenciada de responsabilidades y grados de implicación en las estructuras criminales. A quienes tengan posición de liderazgo, utilicen tecnologías avanzadas —tales como sistemas de comunicaciones encriptadas o manejo de datos—, o capten menores para actividades ilícitas se les aplicarán agravantes, que aumentan las condenas entre un cincuenta y un sesenta y siete por ciento. Los acusados en estas circunstancias se exponen a penas que pueden llegar hasta los sesenta y seis años de reclusión, dependiendo de su rol e incidencia en la estructura criminal, según especificó la cobertura de Folha.
Uno de los objetivos de la normativa aprobada consiste en ampliar la capacidad de investigación y sanción del aparato judicial, permitiendo que se examine y procese a un abanico mayor de colaboradores. Esta ampliación incluye a quienes intervienen en actividades periféricas, la provisión de conocimiento técnico o la entrega de infraestructura, lo que según Folha constituye un cambio relevante frente a la legislación previa.
Según lo consignado por Folha, el diputado Guilherme Derrite, del partido Progresistas y con experiencia previa en la policía militar, asumió la tarea principal de estructurar los textos y establecer diferencias específicas entre clases de organizaciones y sus métodos de operación. Esta labor tomó como modelo incidentes de violencia reciente y la diversificación observable en la criminalidad organizada.
En la perspectiva del Parlamento, de acuerdo con Folha, la expansión del poder de grupos como el PCC y el Comando Rojo en diferentes regiones del país, así como la penetración en contextos urbanos y rurales, motivó una respuesta legislativa orientada a desincentivar los flujos de recursos y la sofisticación táctica de estas organizaciones, con especial foco en la digitalización. La ley aprobada otorga mayor peso a la participación de menores y al uso de tecnologías, distanciándose así del texto remitido originalmente por el gobierno federal, que priorizaba el desmantelamiento de las jerarquías operativas más que el endurecimiento de penas.
Durante el trámite parlamentario, la disputa entre el enfoque del Ejecutivo y la propuesta mayoritaria en la Cámara representó uno de los puntos de fricción, según monitoreo de Folha. Mientras el Ejecutivo buscó centrarse en la modernización y actualización del sistema legal, el Legislativo privilegió la introducción de nuevos tipos penales y agravantes, con énfasis en afrontar la realidad digital y la prevención del reclutamiento de jóvenes para actividades ilícitas.
Intentos del gobierno por reabrir el debate y postergar la aprobación de los cambios no prosperaron ante la solidez de la mayoría dispuesta a votar a favor. El presidente de la Cámara, Hugo Motta, sostuvo que el Congreso mantiene autonomía parlamentaria en temas de seguridad pública y defendió el texto final como el instrumento más adecuado actualmente disponible para enfrentar el avance del crimen organizado, según reportó Folha. Motta subrayó la intervención de Derrite en la configuración de la ley.
La creación de figuras novedosas en el Código Penal brasileño fue interpretada por operadores jurídicos y actores del escenario político como una redefinición de la política criminal del Estado, dado el incremento en la sofisticación de las redes criminales, la aparición de milicias armadas y la creciente injerencia en la vida cotidiana de las comunidades, de acuerdo con Folha.
El texto también recogió la fuerte presión social y mediática sobre el Parlamento para proporcionar una respuesta que atendiera el reclamo por más control estatal frente a la violencia y la criminalidad integrada, especialmente tras los hechos violentos de octubre. El aumento en el reclutamiento de menores y el uso de tecnologías para organizar o encubrir operaciones delictivas llevó a la inclusión de agravantes que buscan actuar como elementos disuasorios, dificultando la expansión de las bandas.
Una vez obtenida la aprobación en la Cámara de Diputados, el proyecto de ley fue enviado al Senado, que ahora debe discutir y eventualmente modificar el texto. El procedimiento legislativo establece que, si la Cámara Alta realiza alteraciones, la normativa debe regresar a los diputados para una validación final, en cumplimiento de los controles institucionales previstos para este tipo de procesos, según precisó Folha.
El seguimiento realizado por Folha mostró que la reforma representa una respuesta estatal ante organizaciones criminales que adaptan sus métodos de operación a nuevos entornos sociales y tecnológicos, incrementando sanciones para cabecillas y colaboradores y contemplando tanto el fenómeno del crimen digital como la influencia sobre menores en estructuras delictivas. Los debates parlamentarios y la cobertura periodística han enfatizado la función del Legislativo como contrapeso al Ejecutivo, en la redefinición de la estrategia oficial para combatir el crimen estructurado en Brasil.
