Representantes de colegios veterinarios y asociaciones profesionales de todas las comunidades autónomas tienen previsto participar este martes en una acción frente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en Madrid, según informó el sector veterinario. La protesta surge después de que, tras casi seis meses de que el Parlamento instara al Ministerio a iniciar un proceso de conversación con el colectivo, todavía no se haya presentado ninguna propuesta alternativa ni se hayan producido avances sustanciales en las reclamaciones de los profesionales. Esta circunstancia intensifica la demanda de diálogo y solución inmediata a las problemáticas asociadas a la regulación de los medicamentos veterinarios en España.
Tal como reportó el sector y publicaron diversos portavoces consultados por el medio, los veterinarios llevarán a cabo una cacerolada “simbólica” el martes 18 de noviembre como forma de protesta ante la sede ministerial. El motivo central de la movilización es la solicitud de derogación del Real Decreto que regula actualmente la prescripción y el uso de fármacos veterinarios, con el argumento de que la normativa vigente no se ajusta ni a las necesidades sanitarias reales del sector ni al Reglamento Europeo específico sobre medicamentos veterinarios.
Según publicó el sector en su convocatoria, durante la concentración se exigirá que la normativa española se adapte de manera íntegra a la legislación comunitaria. Igualmente, se planteará la necesidad de que el Gobierno flexibilice tanto la prescripción como la interpretación de las normas actuales, permitiendo que el criterio científico y profesional del veterinario sea el que prime en la toma de decisiones sobre los tratamientos animales. Los organizadores también insisten en que la regulación vigente limita la capacidad de tratar a los animales de forma “completa y eficaz”, una preocupación que ha estado presente entre los gremios profesionales desde la entrada en vigor de la actual ley.
El colectivo promotor de la protesta agrupa a todas las asociaciones profesionales veterinarias de España bajo el Comité de Crisis Veterinario, órgano en el que participa el Consejo General de Colegios Veterinarios junto a una amplia representación nacional. Según detalló el sector en sus declaraciones públicas, la movilización también responde a la preocupación creciente por la amenaza de sanciones consideradas “desorbitadas” que podrían aplicarse en los próximos meses a los veterinarios que, atendiendo a las exigencias prácticas de su labor, no puedan ajustarse a las restricciones en vigor.
Las reclamaciones de los profesionales incluyen el reconocimiento del derecho de los veterinarios a ejecutar su trabajo de acuerdo con criterios rigurosamente científicos y en cumplimiento de las necesidades sanitarias del sector animal. Además, reclaman el respeto al mandato parlamentario que exige al Ejecutivo abrir un proceso de diálogo “real” y participativo con el colectivo veterinario. De acuerdo con lo publicado por el sector, este diálogo no solo ha sido solicitado previamente sino que, hasta la fecha, no se ha concretado en ninguna propuesta ni documento alternativo.
El Consejo General de Colegios Veterinarios y el Comité de Crisis Veterinario sostienen que la legislación estatal introduce obligaciones que no encuentran respaldo en la normativa europea, lo que “pone en riesgo” el desarrollo de la profesión y la salud animal. El sector profesional destaca que la adaptación a la legislación continental resolvería muchas de las limitaciones prácticas que enfrentan los veterinarios, evitando sanciones y mejorando la atención a los animales desde el punto de vista sanitario.
La concentración ante el Ministerio representa la continuación de una serie de movilizaciones y comunicados en los que el sector ha reiterado su petición de reformas regulatorias y reconocimiento institucional de la función del veterinario en la sanidad animal. Las demandas formuladas por el colectivo se encaminan a modificar la estructura normativa existente, permitiendo que el ejercicio de la profesión responda tanto a la evidencia científica como a las obligaciones asumidas por España en el ámbito europeo. Según detalló el sector, la movilización de este martes ha sido convocada de forma coordinada para visibilizar la posición del gremio y presionar por la materialización de cambios legislativos inmediatos.
