La denominación de la nueva ley como “Ales Sutar”, en referencia al hombre de 48 años fallecido tras un enfrentamiento con un joven gitano a la salida de una discoteca en Novo Mesto, marca un aspecto controvertido en el debate público sobre la reciente regulación aprobada en Eslovenia. Según publicó RTVSLO, el Parlamento dio luz verde a una normativa que concede a la Policía facultades ampliadas para realizar allanamientos sin autorización judicial en áreas clasificadas como “de alto riesgo”. La decisión ha generado una reacción inmediata por parte de organizaciones internacionales y entidades de defensa de los derechos civiles, que advierten de las consecuencias negativas que podría acarrear, en particular sobre la comunidad romaní.
De acuerdo con RTVSLO, la norma fue aprobada en la Asamblea Nacional durante la madrugada, después de intensas protestas de sectores que consideran la ley estigmatizante. La votación registró la ausencia de los representantes de la izquierda, quienes optaron por no participar, reflejando las divisiones y el malestar existente. El texto recibió el respaldo de la coalición encabezada por el liberal Svoboda, junto con los diputados socialdemócratas y algunos miembros del grupo opositor Nueva Eslovenia.
Según detalló el medio esloveno, la propuesta responde a los acontecimientos ocurridos tras la muerte de Ales Sutar, que llevaron al gobierno a plantear la necesidad de reforzar la seguridad pública en áreas identificadas como conflictivas. El primer ministro, Robert Golob, defendió la medida mediante un comunicado, en el que subrayó que “la ley sitúa a la víctima de la violencia en el centro de la protección". Golob declaró: “El deber del Estado es proteger a la víctima, no a los perpetradores que se aprovechan del sistema en nombre de los Derechos Humanos”. Añadió que la legislación no constituye un castigo dirigido hacia los colectivos vulnerables, sino que el objetivo es salvaguardar a la sociedad frente a quienes contravienen la ley.
El primer ministro manifestó también que la cuestión de la seguridad trasciende la división política entre izquierda y derecha, afirmando que todos los ciudadanos aspiran a residir en un entorno protegido. Sin embargo, las protestas que precedieron a la aprobación de la normativa y la reacción de parte de la asamblea evidenciaron la preocupación existente, sobre todo respecto a la percepción de que la comunidad romaní estaría siendo injustamente señalada.
La Fundación Roma para Europa expresó críticas contundentes, recogidas por RTVSLO, subrayando que la disposición legislativa trata "a toda una minoría como una amenaza para la seguridad". Mensur Haliti, vicepresidente de la entidad, declaró que “reduce el coste político de perseguir, con fines políticos, a quienes ya están excluidos de una participación política libre y justa”. Haliti advirtió sobre la gravedad de aprobar una ley que, a su juicio, plantea “serias preocupaciones constitucionales y a nivel europeo”, porque afecta derechos contemplados tanto en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea como en el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
En el debate parlamentario, el líder de La Izquierda en la Asamblea Nacional, Matej Taser Vatovec, planteó inquietudes sobre la garantía de que las actividades policiales se mantengan sometidas a supervisión. RTVSLO reportó que el diputado señaló la existencia de “numerosas cuestiones en el aire”, y cuestionó la claridad de los mecanismos de control del uso de estos poderes excepcionales por parte de las fuerzas de seguridad. Tales dudas han alimentado el descontento entre quienes consideran que la ley puede abrir la puerta a vulneraciones de garantías fundamentales.
El medio RTVSLO consignó asimismo que la aprobación de la ley se produce en un contexto de amplias movilizaciones sociales y críticas de entidades internacionales. A nivel nacional, la división política quedó patente en la sesión legislativa, donde la izquierda decidió abstenerse del voto como gesto de rechazo y protesta ante una legislación que consideran lesiva para los derechos de las minorías.
Por parte de las autoridades, el argumento central descansa en la protección prioritaria de la víctima y en el fortalecimiento de la respuesta estatal ante episodios de violencia, en particular tras la muerte de Sutar. Sin embargo, las voces disidentes ven un riesgo elevado de discriminación indirecta, ya que la normativa podría fomentar prácticas policiales y administrativas que recaigan desproporcionadamente sobre la población romaní y otros colectivos históricamente marginados.
Organizaciones no gubernamentales y agrupaciones internacionales advierten, según la cobertura de RTVSLO, sobre la posibilidad de que la ley eslovena sirva de precedente para otras regulaciones que permitan la flexibilización del control judicial de los procedimientos policiales en Europa. La Fundación Roma para Europa insistió en que tales medidas van en contra del marco jurídico europeo de garantía de los derechos humanos y advirtió de un efecto de estigmatización social que tendría consecuencias a largo plazo para la cohesión comunitaria.
La medida, que permite a los agentes policiales ingresar en domicilios situados en “zonas de alto riesgo” sin orden judicial, se posiciona en el centro del debate sobre el equilibrio entre seguridad y derechos fundamentales en Eslovenia. Según publicó RTVSLO, la controversia en torno a la normativa continúa desarrollándose, mientras distintos sectores sociales y políticos analizan los posibles impactos de su implementación en las comunidades afectadas y examinan el cumplimiento de los estándares legales internacionales.
