El documento presentado por el Ministerio del Interior del Reino Unido establece que la ayuda para las personas solicitantes de asilo se revisará cada dos años y medio durante un período de veinte años, una ampliación considerable respecto a los cinco años que regía el sistema anterior. Según informó el medio que cubrió la sesión parlamentaria, este cambio implica que durante ese lapso, quienes estén bajo protección internacional no podrán solicitar la residencia definitiva en el país. La principal noticia consiste en la presentación de un paquete de reformas a la política migratoria: el gobierno británico propone la retirada de subsidios a solicitantes de asilo y endurece las condiciones para la permanencia y reunificación familiar.
El medio explicó que la ministra del Interior, Shabana Mahmood, presentó la propuesta ante la Cámara de los Comunes, justificando la necesidad de esta serie de modificaciones legales al sistema de asilo actual. Mahmood afirmó en el Parlamento que “los británicos creen que el sistema está descontrolado y es injusto”, y sostuvo que esta percepción es correcta, aludiendo a la carga que representaría la gestión de las personas refugiadas para el país. Entre los datos compartidos por el gobierno, se mencionaron 400.000 solicitudes de asilo presentadas durante los últimos cuatro años, y más de 100.000 personas alojadas en instalaciones de acogida. Según detalló el medio, la funcionaria también señaló que más de la mitad de quienes obtuvieron refugio persisten recibiendo ayudas ocho años después de su llegada. Mahmood cuestionó el funcionamiento del sistema, calificándolo como “absurdo”, e ilustró la situación con un ejemplo de un solicitante que podía permitirse un coche de alta gama y, a la vez, accedía a viviendas y a un apoyo mensual de 800 libras.
De acuerdo con lo publicado, el plan gubernamental marca un giro en la estrategia de apoyo estatal: se suprimirá la obligación de otorgar ayudas a quienes puedan conseguir un empleo. De esta forma, quienes cuenten con ingresos o bienes tendrán que contribuir a cubrir el coste de su estancia en el país. El documento de 32 páginas presentado establece que las ayudas pasarán a ser discrecionales y estarán condicionadas al cumplimiento de la ley británica. Según consignó el medio, el plan contempla eliminar la obligación legal, vigente desde 2005 por mandato de la legislación europea, de asistir económicamente a solicitantes que carezcan de otros ingresos, dado que Reino Unido ya no está sujeto a esta normativa tras el Brexit.
La propuesta también incluye una revisión estructural acerca de la reunificación familiar, un derecho que dejará de ser automático. Los solicitantes solo podrán acceder a dicha posibilidad si cuentan previamente con un visado de estudios o de trabajo, según refleja el texto oficial. Además, la administración asegura que la situación individual de cada refugiado será evaluada periódicamente, de modo que la continuidad de la ayuda dependerá de un análisis del cumplimiento de los requisitos legales y de la situación económica concreta de quien la solicite.
La reforma tiene un apartado dedicado a las expulsiones, en el que se plantea incrementar la salida del país de solicitantes de asilo cuyas peticiones fueron rechazadas. Según informó el medio que cubrió las declaraciones de la ministra, hasta el momento el gobierno no había demostrado la voluntad de aplicar medidas firmes, por lo que se prevé una intensificación de la política de repatriaciones. Dentro de este marco, Mahmood explicó que el gobierno ofrecerá a todas las familias un respaldo monetario para su retorno voluntario, pero si estas lo desestiman, se procederá a una devolución forzosa, incluyendo a menores de edad en el proceso.
Otra novedad divulgada radica en la exploración de reanudación de expulsiones hacia países como Siria, que habían quedado fuera de las prácticas habituales en años recientes. El documento plantea la posibilidad de devolver a solicitantes desestimados a países que anteriormente no recibían expulsados, ampliando así el abanico de destinos para las deportaciones. Además, según reportó el medio, el gobierno británico endurecerá la respuesta ante casos en los que las personas migrantes no cumplan las normativas, y prevé endurecer los controles y las consecuencias para quienes, a juicio de la administración, se aprovechen del sistema de apoyos.
Según lo recogido por el medio, estas propuestas recibieron críticas tanto de organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes como de miembros del propio Partido Laborista, actualmente en el poder. El Centro de Derechos Laborales británico, una organización benéfica, advirtió que la reforma podría convertirse en una ventaja para redes de traficantes y explotadores. Dora-Olivia Vicol, directora del Centro, manifestó preocupación por el posible aumento de la vulnerabilidad entre quienes aspiran a regularizarse laboralmente, ya que la incertidumbre resultante de revisiones periódicas podría dificultar el acceso a empleos estables, desplazando a los solicitantes hacia trabajos precarios.
El plan gubernamental establece que la recepción de apoyo financiero estará sujeta a la situación económica y legal puntual de cada solicitante, así como al cumplimiento de la ley. Las autoridades sostienen que se busca incentivar la autosuficiencia e impedir el abuso del sistema de protección. El texto oficial enfatiza el énfasis en sancionar a quienes “se aprovechan” de la solidaridad pública y subraya la voluntad de garantizar que los recursos beneficien exclusivamente a quienes no pueden sostenerse por sus propios medios.
Las medidas propuestas se desarrollan en un contexto caracterizado por el aumento de la presión sobre el sistema de asilo, debido a la significativa cantidad de solicitudes y a los costes acumulados de la atención a personas en situación de refugio. El documento sostiene que estos ajustes buscan restaurar la confianza pública en el sistema de protección humanitaria, reforzar el control sobre el flujo migratorio y reducir el gasto estatal dedicado a la atención de solicitantes de asilo y refugiados.
La reforma generó diversas reacciones en el arco político y social británico. Los cuestionamientos de las organizaciones humanitarias se centran en las posibles consecuencias negativas para la situación de los solicitantes de asilo, ya que la reducción de apoyos y el endurecimiento de las normas podrían derivar en una mayor exposición a situaciones de explotación y precariedad. Según reflejó el medio de comunicación, varios parlamentarios laboristas expresaron su desacuerdo con el rumbo adoptado por el gobierno, defendiendo la necesidad de mantener mecanismos adecuados de protección a las personas en situación de vulnerabilidad.
El paquete de medidas quedará sujeto a debate y análisis parlamentario durante las próximas semanas. El alcance real de los cambios dependerá de su aprobación y de las modificaciones que puedan introducirse durante la tramitación legislativa, así como de la evolución de las posturas de los distintos actores políticos y sociales vinculados al tema migratorio.
