En su visita a la Universidad de California, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social de España, Yolanda Díaz, puso en primer plano la cuestión de la fiscalidad internacional, cuestionando directamente por qué las grandes empresas tecnológicas estadounidenses no pagan impuestos en España como lo hacen otras compañías que operan en Europa. Durante su intervención en el panel ‘El futuro del trabajo’ junto a académicos de dicha universidad, Díaz abordó el fondo del debate sobre la equidad en el entorno digital laboral e insistió en la necesidad de supervisar tanto el modelo empresarial como los efectos de los algoritmos y la inteligencia artificial en el empleo. Según consignó el medio, la ministra denunció que Amazon, Uber y otras multinacionales digitales recurren a prácticas que a su juicio alteran la competencia y vulneran derechos fundamentales de los trabajadores.
De acuerdo con lo publicado, Díaz puntualizó que Amazon aplica sistemas de control biométrico y organiza jornadas laborales que exceden ampliamente los límites legales. Declaró: "Lo que le estoy diciendo a Amazon es que no se puede trabajar 120 horas a la semana. Lo que le digo a Amazon es que no puede tener sistemas de control biométrico cuyos datos se utilicen en contra de los trabajadores”. Sus críticas no solo se dirigieron a esta empresa, sino también a Uber, enfatizando la falta de coberturas de seguro y un elevado índice de siniestralidad entre los conductores. Según reportó el medio, la ministra señaló que Uber compite de forma desigual con el sector del taxi, no solo en España sino a nivel global. Esta situación, según insistió, requiere de un fortalecimiento de la supervisión regulatoria y de la equiparación de las condiciones laborales entre todas las empresas.
El medio detalló que, días antes de viajar a Estados Unidos, Díaz anunció en España el inicio de una campaña de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social destinada a controlar de manera prioritaria el uso que las grandes tecnológicas hacen de los algoritmos. Tras el anuncio de un Expediente de Regulación de Empleo por parte de Amazon que podría afectar a 1.200 trabajadores de oficinas en Barcelona y Madrid, Díaz adelantó ante la Comisión de Trabajo del Congreso: "Vamos a vigilar el uso que estas empresas tienen sobre las y los trabajadores", incluyendo no solo a Amazon, sino también a Uber y Cabify, entre otras plataformas que, según sus palabras, deben someterse a la supervisión de las autoridades laborales nacionales para garantizar los derechos de quienes integran estas plantillas.
Durante su participación en el panel académico, Díaz defendió la importancia de la negociación colectiva, que consideró como pilar fundamental de un “nuevo contrato social” adaptado a sociedades digitalizadas. Argumentó que la inteligencia artificial y los algoritmos pueden y deben utilizarse en el entorno laboral, pero advirtió que no pueden servir para “depreciar el valor trabajo”, aspecto que, a su juicio, se observa en ciertas estrategias empresariales de plataformas digitales. Para Díaz, fomentar el diálogo organizado entre sindicatos y empresas resulta indispensable, ya que mantiene el equilibrio necesario frente a tendencias de automatización y monitorización del desempeño laboral a través de sistemas opacos.
Según informó el medio, la vicepresidenta segunda extendió sus críticas al ámbito internacional, alertando acerca de los riesgos que, en su opinión, implica el avance de posiciones desreguladoras dentro de la política europea, impulsadas tanto por el expresidente estadounidense Donald Trump como por las principales compañías tecnológicas norteamericanas. Díaz argumentó que la presión ejercida en Europa por estas fuerzas amenaza la Directiva de Plataformas Digitales de la Unión Europea y los avances conseguidos en foros como la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Señaló que "la fuerza de cinco grandes multinacionales norteamericanas que radican aquí se están imponiendo en los debates legislativos en el mundo, en Europa y en la OIT. Hay una pretensión clara de desregular y de dar marcha atrás para permitir hacer absolutamente todo".
La ministra hizo hincapié en que la administración Trump persigue que Europa no alcance plena soberanía en materia digital y que retroceda en la regulación de las plataformas. Además, mencionó las dificultades que enfrenta el consenso europeo al señalar que incluso dentro de la Unión, países como Alemania mantienen posturas que, según sus palabras, limitan el avance de políticas laborales estrictas para las plataformas digitales. Según informó el medio, Díaz subrayó que, a pesar de esfuerzos para obstaculizar las reformas, en la OIT se consiguió una resolución que impone obligaciones de regulación a escala global para estas plataformas, tras lograr alinear posiciones de distintos países que se encontraban bajo la influencia de las posturas defendidas por Trump.
Durante su intervención, Díaz señaló que no hay que temer a la inteligencia artificial, sino avanzar para ponerla al servicio del bienestar social. Llamó la atención sobre el impacto ecológico de la generación de datos, un aspecto que, a su entender, muchas empresas y sectores laborales ignoran pese a su relevancia en el cambio climático. Sostuvo que el mundo del trabajo y de la empresa desconoce en gran medida el coste ambiental de las infraestructuras digitales, alentando a que este sea un tema de debate y políticas activas.
De acuerdo con las declaraciones de Díaz recogidas por el medio, persisten prácticas que reflejan tanto el desconocimiento como la manipulación de los algoritmos en la gestión de recursos humanos. Explicó que existen softwares que premian o penalizan a empleados según comportamientos ajenos al rendimiento, como la frecuencia con que utilizan servicios sanitarios, la participación en huelgas o el tiempo dedicado a la atención de familiares. Aunque subrayó que muchas empresas utilizan estas herramientas por desconocimiento, remarcó que otras sí programan estos sesgos de manera intencionada, lo que genera situaciones de inequidad y discriminación. La ministra insistió en que los algoritmos modifican la organización del trabajo, pero no alteran la naturaleza jurídica de las relaciones laborales, afirmando que los tribunales internacionales consideran estas relaciones como asalariadas y no autónomas. Se refirió así al caso de repartidores y conductores de plataformas como Glovo o Uber, reivindicando la necesidad de reconocer sus derechos laborales y de evitar una degradación de sus condiciones contractuales.
Tal como publicó el medio, Díaz recalcó que el debate no debe orientarse a generalizar la ausencia de obligaciones fiscales ni a reducir derechos, sino a asegurar que todas las empresas, incluidas las grandes tecnológicas internacionales, cumplan las normas y tributen donde generan valor. Según su planteo, el marco legal debe proporcionar herramientas para evitar la evasión y promover una competencia leal entre las compañías asentadas en territorio español y europeo, a la vez que garantiza la protección social y laboral de quienes integran el ecosistema digital.
