La negativa a conceder amnistía al expresidente Jair Bolsonaro cobra especial relevancia tras las acusaciones de que un grupo político habría articulado una estructura organizada con el objetivo de atacar la democracia brasileña, llegar a cerrar el Tribunal Superior Electoral e incluso planificar el asesinato del presidente y vicepresidente electos, entre ellos la llamada operación ‘Puñal Verde Amarillo’. Estas declaraciones fueron realizadas por el juez Alexandre de Moraes, integrante del Tribunal Supremo de Brasil, en una entrevista con Europa Press en Madrid, donde sentenció que no existen posibilidades para el perdón judicial, puesto que “no se pacifica un país con impunidad”.
De acuerdo con Europa Press, De Moraes sostuvo que la amnistía para Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por su papel en los hechos golpistas, no se encuentra entre las opciones viables, rechazando el argumento de que el perdón político pueda servir de vía para la reconciliación nacional. “No podemos confundir pacificación con impunidad”, afirmó, y subrayó que “se pacifica el país aplicando la ley y haciendo prevalecer la democracia”. El magistrado remarcó que la Constitución brasileña clasifica como imprescriptibles y no sujetos a amnistía los delitos cometidos contra el orden democrático y el Estado de derecho.
Durante la entrevista difundida por Europa Press, De Moraes consideró que la intentona golpista de 2023 ha sido el ataque más grave contra las instituciones democráticas del país desde la promulgación de la Constitución de 1988. Describió aquel periodo como uno de los momentos más complicados para Brasil desde el final de la dictadura militar. Atribuyó la preservación de la democracia a la fortaleza institucional, destacando que “las instituciones lo rechazaron, mantuvieron al presidente y al vicepresidente electos y responsabilizaron a todos aquellos que intentaron un golpe de Estado”.
El juez también comparó los llamados a la amnistía con los acuerdos de apaciguamiento previos a la Segunda Guerra Mundial, específicamente cuando Neville Chamberlain intentó evitar el conflicto con Adolf Hitler mediante concesiones, recordando el fatal desenlace de esa estrategia. Para De Moraes, la aplicación rigurosa de la ley constituye la única vía para preservar la estabilidad democrática y evitar que estos hechos se repitan.
Según indicó Europa Press, De Moraes descartó la existencia de motivos procesales para reducir la condena impuesta al exmandatario, pese a los argumentos de la defensa de Bolsonaro, quien denunció presuntas violaciones en su derecho de defensa. El juez aclaró que el fallo se sustentó sobre un “debido proceso legal con gran cantidad de pruebas”.
Respecto a la presión internacional, el magistrado afirmó que la independencia del Poder Judicial brasileño no resultó alterada por sanciones ni amenazas externas. Según detalló Europa Press, De Moraes mencionó “presiones” provenientes de Estados Unidos, motivadas por información “totalmente desvirtuada” remitida por aliados de Bolsonaro al expresidente Donald Trump. La investigación judicial llevó al círculo íntimo de Bolsonaro a protagonizar incidentes diplomáticos y generar tensiones bilaterales, incluyendo sanciones económicas y la retirada del visado estadounidense al propio De Moraes, enmarcadas en la Ley Magnitsky.
El medio precisó que esas medidas se basaron en el discurso norteamericano que catalogó el proceso judicial como una “caza de brujas”, argumento utilizado para justificar aranceles de hasta el 50 por ciento contra productos brasileños y otras restricciones. No obstante, De Moraes aseguró a Europa Press que estas acciones “no alteraron un milímetro el proceso legal en Brasil” y que la justicia actuó con plena autonomía. El reciente acercamiento diplomático entre Luiz Inácio Lula da Silva y Donald Trump habría servido para informar al gobierno estadounidense sobre el “debido proceso” y las pruebas que respaldaron las condenas a los implicados en los hechos golpistas.
Durante la conversación con Europa Press, el juez compartió aspectos sobre las amenazas sufridas durante los últimos cinco años, las consecuencias sobre su vida privada y su determinación para continuar con su labor judicial. “Esas sanciones no influyeron mucho. Mi vida continúa y hago mi trabajo de la misma manera”, enfatizó De Moraes.
En relación al proceso electoral brasileño, el juez subrayó, según Europa Press, el avance de la desinformación digital y señaló que este será el principal reto de la justicia electoral de cara a las elecciones de 2026. Explicó que grupos extremistas, principalmente ligados a la extrema derecha, utilizan redes sociales con eficacia para difundir informaciones falsas y manipular la opinión pública, fenómeno que ya impactó en los comicios de 2022.
De Moraes instruye actualmente una investigación acerca de las llamadas ‘milicias digitales’, responsables de amenazas, ataques verbales y acciones desinformativas que socavaron el proceso electoral y la confianza en las instituciones. Este asunto formó parte de los argumentos utilizados por Donald Trump ante la Asamblea General de Naciones Unidas, en los que alegó supuestas violaciones a la libertad de expresión como justificación de su política de sanciones frente a Brasil y contra el propio juez.
Según lo transmitido por Europa Press, De Moraes apuntó que evitar la manipulación del votante por informaciones falsas representa “el mayor desafío” de la justicia electoral en la actualidad, reiterando la urgencia de proteger la integridad de los procesos democráticos para asegurar que la voluntad popular se exprese sin distorsiones.
