La comisión encargada de controlar las partidas secretas del Estado quedó, en reiteradas ocasiones, sin recibir las debidas explicaciones de los máximos responsables de los fondos reservados, según consignó el medio que suministró la información. El Congreso reanudó estas comparecencias tras casi tres años de silencio, tras una demanda de mayor transparencia por parte de la oposición. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, comparece este martes a puerta cerrada ante la Comisión de Gastos Reservados para detallar el destino de los fondos bajo custodia de su departamento, cumpliendo por fin con la obligación legal largamente aplazada.
Según detalló la fuente original, la ley exige que los titulares de Interior, Exteriores, Defensa y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) informen semestralmente sobre el uso de los fondos reservados ante esta comisión del Congreso, conocida como Comisión de Secretos. No obstante, este requisito legal no se cumplió de manera regular durante la pasada legislatura. El último informe oficial presentado por Grande-Marlaska sobre los gastos de Interior se remonta al 8 de noviembre de 2022. Otras comparecencias, como la de la ministra de Defensa, Margarita Robles, sucedieron a finales de ese año, mientras que el titular de Exteriores, José Manuel Albares, aún no realizó informes ante la comisión según la información facilitada por el medio.
En los Presupuestos Generales de 2023, la partida designada para sufragar gastos reservados asciende a 27,86 millones de euros. De este monto, 19,8 millones corresponden al CNI, Interior dispone de 7,37 millones, Defensa cuenta con 500.000 euros y Exteriores recibe 186.310 euros. Estos fondos están sujetos al control de la Comisión de Gastos Reservados, encargo que, según el medio original, también incluye la supervisión de las actividades del CNI, para lo cual persisten solicitudes de comparecencia de grupos parlamentarios pendientes de programación, a pesar del tiempo transcurrido.
Entre las comparecencias solicitadas aún sin concretar, el Partido Popular requirió que la directora del CNI, Esperanza Casteleiro, explique la situación relacionada con la aparición de Carles Puigdemont en España y su salida posterior en el verano de 2023, así como su participación en un documento con servicios de inteligencia internacionales sobre ciberataques atribuidos a China. El grupo Sumar pidió esclarecer el supuesto uso de fondos públicos para temas vinculados a la esfera personal del rey Juan Carlos. Esquerra Republicana, por su parte, solicitó que la ministra Robles y la directora del CNI expliquen la vinculación de los servicios de inteligencia con el imán de Ripoll, a quien se le señala como cerebro de los atentados yihadistas de Cataluña en 2017.
La comisión celebró su única reunión en la actual legislatura en junio, cuando la vicepresidenta Sara Aagesen acudió a puerta cerrada para proporcionar información sobre el apagón de finales de abril. El medio que brinda la información recuerda que la Comisión de Gastos Reservados se compone de un solo miembro por grupo parlamentario, generalmente el portavoz, cuya selección debe ratificar el pleno del Congreso para acceder a información clasificada. Actualmente, integran el grupo Ester Muñoz (Partido Popular), Patxi López (PSOE), Pepa Millán (Vox), Enrique Santiago (Sumar), Gabriel Rufián (ERC), Míriam Nogueras (Junts), Mertxe Aizpurua (Bildu), Maribel Vaquero (PNV) y Néstor Rego (BNG, en nombre del Grupo Mixto).
La composición de la comisión experimentó varios cambios en el presente periodo parlamentario. Sumar, según reportó la fuente, cambió de representante en tres ocasiones: primero con Marta Lois, posteriormente con Íñigo Errejón tras su dimisión, y, desde hace casi un año, con Enrique Santiago, actual portavoz de Justicia e Interior. En el pasado, el retraso en la elección de los integrantes bloqueó la actividad de la comisión, extendiendo la ausencia de controles sobre el CNI y los fondos reservados hasta por tres años. Hasta 2022, la legislación exigía el respaldo de tres quintos del Congreso (210 votos) para conformar la comisión, lo que imposibilitó reunir los votos necesarios por la negativa de varios grupos a incorporar a diputados independentistas.
Para desbloquear la situación, la entonces presidenta del Congreso, Meritxell Batet, modificó en abril de 2022 el reglamento, reduciendo el umbral a mayoría absoluta (176 votos), posibilitando de esta manera que los partidos independentistas tuvieran presencia. Esta reforma coincidió con el momento en que se reclamaban explicaciones al CNI por el escándalo del software espía 'Pegasus'. La falta de integrantes vetaba la celebración de reuniones, limitando así la rendición de cuentas y el seguimiento parlamentario sobre fondos reservados y actividades del espionaje nacional, de acuerdo con lo expuesto por el medio.
