Caracas manifestó que la política adoptada por la primera ministra de Trinidad y Tobago habría impactado negativamente a su propia población, señalando que pescadores trinitenses fueron víctimas de ejecuciones en el mar Caribe y acusando al gobierno del país insular de permitir ejecuciones mientras facilitaba el ingreso de tropas extranjeras. De acuerdo con un comunicado difundido por el Ministerio de Información y recogido por Europa Press, el gobierno de Venezuela denunció la captura de un grupo mercenario con acceso a información de la CIA. Según detalló el Ejecutivo venezolano, ese grupo actuaría en el marco de un presunto ataque de falsa bandera con el propósito de desencadenar un conflicto bélico abierto entre Venezuela y Estados Unidos.
El texto oficial, según Europa Press, indica que la operación sospechosa estaría ocurriendo en aguas cercanas a Trinidad y Tobago, aunque no descartan el uso de territorio trinitense o venezolano para su ejecución. Caracas comparó el contexto actual con situaciones históricas como las del Acorazado Maine en Cuba y el incidente del Golfo de Tonkin en Vietnam, eventos que precedieron guerras de gran envergadura. El gobierno de Nicolás Maduro resaltó en su comunicado que se trataría de provocaciones similares que buscan justificar una confrontación militar de mayor escala.
El mismo comunicado señaló la realización de ejercicios militares conjuntos entre Trinidad y Tobago y Estados Unidos como una provocación militar coordinada por la CIA. Según consignó Europa Press, estas maniobras comenzaron luego de la llegada del buque de guerra estadounidense USS Gravely a Puerto España y el despliegue del portaaviones USS Gerald R. Ford en el Caribe, acciones justificadas por EE UU bajo el pretexto de combatir organizaciones narcotraficantes en la región. Venezuela calificó estos ejercicios, supervisados por el Comando Sur estadounidense, como una grave amenaza para la paz caribeña y los consideró un acto hostil.
En la declaración oficial, el gobierno venezolano sostuvo que Trinidad y Tobago habría renunciado a su soberanía actuando bajo intereses estadounidenses y convirtiéndose en una base militar desde la cual Washington proyectaría su poder sobre el Caribe y Sudamérica, en particular contra Venezuela, Colombia y el resto de la región. Según publicó Europa Press, Caracas opinó que la postura de Trinidad y Tobago viola la Carta de las Naciones Unidas, la declaración de América Latina y el Caribe como Zona de Paz aprobada por la CELAC, además de principios establecidos por la Comunidad del Caribe (Caricom).
El documento del gobierno de Maduro también abordó el impacto que estas políticas tendrían en la ciudadanía trinitense, mencionando específicamente ejecuciones extrajudiciales de pescadores en el mar. Caracas responsabilizó directamente al actual gobierno trinitense por la represión y la violencia; el texto, citado por Europa Press, afirma que el Ejecutivo de aquel país “dispara contra su propia gente (…) y celebra que los trinitenses sean ejecutados sumariamente mientras abre las puertas a tropas extranjeras”.
En cuanto a la respuesta militar, el gobierno venezolano dejó claro que no aceptará amenazas de Estados subordinados a Estados Unidos ni se dejará intimidar por la presencia de fuerzas extranjeras en la región. Según el mismo comunicado recogido por Europa Press, las Fuerzas Armadas Bolivarianas se mantienen movilizadas y en estado de alerta, dando seguimiento a las maniobras estadounidenses en aguas caribeñas.
Esta situación se produce después de una serie de ataques en el Pacífico oriental y el Caribe, donde once personas murieron en acciones militares ordenadas desde Estados Unidos contra embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico, de acuerdo con el seguimiento del tema por parte de Europa Press. Estas operaciones ocurrieron justo antes del inicio de los ejercicios militares conjuntos entre Estados Unidos y Trinidad y Tobago y del despliegue del portaaviones estadounidense.
Europa Press recordó que la administración de Donald Trump ha focalizado sus acciones en Colombia y Venezuela, habiendo expresado descontento reiterado con el gobierno venezolano por diversas razones, y no solamente por motivos de narcotráfico. Trump autorizó operaciones encubiertas a la CIA en Venezuela, mientras que Maduro ordenó el despliegue inmediato e indefinido de tropas en cinco provincias, incrementando la movilización a 15.000 efectivos luego del primer ataque estadounidense en el Caribe.
Venezuela ha reiterado su llamado a la comunidad internacional, según Europa Press, solicitando la condena de lo que describe como acciones hostiles que ponen en riesgo la estabilidad del Caribe y de Sudamérica. El gobierno de Maduro insistió en que no permitirá la injerencia o la amenaza militar extranjera en su territorio ni en la región, ratificando la disposición defensiva de sus fuerzas armadas y la vigilancia permanente ante cualquier provocación o intento de escalada en el conflicto.
