La notificación formal de la resolución llegó a Facua debido a su condición de parte personada en el proceso administrativo, conforme a la normativa vigente, incluyendo el detalle de las supuestas irregularidades detectadas en los contratos que firma la inmobiliaria con los arrendatarios. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 propuso una multa de 3.600.902 euros a la empresa Alquiler Seguro tras la apertura de un expediente sancionador el pasado marzo, según informó la asociación de consumidores Facua. El caso, aún pendiente del dictamen definitivo por parte del secretario general de Consumo y Juego, Andrés Barragán, sigue en fase de análisis, mientras se revisan las alegaciones de las partes involucradas.
De acuerdo con lo publicado por Facua y consignado por el medio, la propuesta de sanción surge de la investigación abierta por Consumo hacia una "gran agencia inmobiliaria" por la presunta implantación de cláusulas abusivas en la gestión de alquileres residenciales en todo el territorio nacional. Aunque en un primer momento no se difundió el nombre de la empresa, Facua reveló posteriormente que el expediente estaba dirigido a la compañía Alquiler Seguro, a la que dicha asociación de consumidores había denunciado en noviembre de 2023 por exigir el pago de honorarios a los inquilinos. Esta práctica contraviene la legislación vigente, que prohíbe que los arrendatarios afronten este tipo de gastos tras la aprobación de la ley de vivienda.
El medio Facua indicó que la propuesta, elaborada por la Subdirección General de Inspección y Procedimiento Sancionador del citado Ministerio, recoge una serie de presuntas infracciones en los contratos suscritos entre la inmobiliaria y sus inquilinos. Entre las irregularidades señaladas está el establecimiento de un supuesto servicio de atención al inquilino. Este servicio habría servido, según las pesquisas, para camuflar el cobro de ciertos gastos que, conforme a la normativa, deberían recaer en el propietario de la vivienda, no en el arrendatario.
La resolución ministerial también recoge la obligación exigida al inquilino de contratar un seguro del hogar y de someterse a un estudio de solvencia económica, puntos calificados como restricciones indebidas. Adicionalmente, se cuestiona la limitación impuesta al derecho de desistimiento del contrato, así como la asignación a los inquilinos de la totalidad de los gastos vinculados a procesos judiciales o extrajudiciales relacionados con el arrendamiento.
Sobre el procedimiento, el Ministerio desestimó las alegaciones presentadas por la agencia inmobiliaria frente a la inicial propuesta sancionadora de marzo y comunicó la continuación de las actuaciones administrativas. Según detalló Facua, la resolución preliminar se mantiene a la espera de que el secretario general de Consumo y Juego evalúe las alegaciones y emita su dictamen definitivo en los próximos meses.
La denuncia de Facua, presentada en noviembre de 2023, instó a Consumo a investigar las prácticas detectadas en el sector inmobiliario tras la entrada en vigor de la ley que modificó el reparto de gastos de gestión y honorarios. La asociación figura como parte interesada y ha tenido acceso a la resolución que ahora detalla los puntos de fricción entre el marco legal y los procedimientos aplicados por Alquiler Seguro en su relación contractual con los inquilinos.
Por último, el caso se produce en el contexto de una mayor vigilancia de las autoridades sobre el cumplimiento de la ley de vivienda y la defensa de los derechos de los consumidores en el alquiler. Mientras las partes aguardan la decisión definitiva, el expediente abierto y la cuantía propuesta de la sanción reflejan la determinación del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para sancionar a empresas en el sector inmobiliario ante conductas consideradas contrarias a la normativa vigente, según reportaron Facua y el Ministerio implicado.
