El senador republicano Lindsey Graham informó en la cadena CBS que dialogó directamente con el presidente Donald Trump y que este prevé comunicar detalles relevantes a los miembros del Congreso tras culminar su visita a Asia. Graham sostuvo que los ataques en territorio venezolano constituyen “una posibilidad real”, y defendió que, según sus palabras, “no es necesario que el Congreso declare la guerra para que el comandante en jefe [Trump] haga uso de la fuerza”. Este intercambio se da en medio de crecientes cuestionamientos en Washington sobre la legalidad y transparencia de las recientes acciones militares estadounidenses en el mar Caribe y Venezuela.
Según consignó el medio Fox News, senadores de ambos partidos expresaron públicamente su preocupación por los ataques estadounidenses en la región, supuestamente dirigidos a frenar el tráfico de drogas. El senador Rand Paul, del Partido Republicano, declaró en entrevista con esa cadena: “Hasta ahora estas personas han sido acusadas de ser traficantes de droga. Nadie ha dicho sus nombres. Nadie ha dicho qué pruebas [hay]. Nadie ha dicho si estaban armados y no se nos ha presentado prueba alguna, así que en este momento, yo las llamaría ejecuciones extrajudiciales”. Paul agregó que este tipo de acciones se asemejan a prácticas aplicadas por gobiernos de China e Irán, refiriéndose a la ejecución sumaria de presuntos delincuentes sin la presentación de evidencias ante la ciudadanía, práctica que consideró reprobable.
Fox News reportó que el senador demócrata Tim Kaine coincidió con Paul respecto a la ausencia de una discusión pública y parlamentaria previa a las operaciones militares. Kaine manifestó en la misma entrevista: “Si vamos a estar en guerra, sea contra embarcaciones en Nicaragua de una lista secreta que el presidente no comparte con el Congreso ni con la gente, o una invasión terrestre en Venezuela, debería hacerse tras un debate y una votación en el Congreso”. Tanto Kaine como Paul, junto al senador Adam Schiff, promovieron la denominada Resolución de Competencias de Guerra, un instrumento legislativo diseñado para impedir el despliegue de tropas estadounidenses en Venezuela. Según informó Fox News, la iniciativa surge en respuesta al planteamiento de Trump de considerar la opción de una intervención militar directa en territorio venezolano.
La CBS detalló que, en las últimas semanas, fuerzas estadounidenses llevaron a cabo diez ataques contra embarcaciones en el mar Caribe, todos ellos sin contar con la aprobación previa del Congreso y la mayoría de los operativos resultaron en víctimas mortales. El senador demócrata Mark Kelly, entrevistado por la cadena ABC, calificó de “cuestionable” la base jurídica de las intervenciones militares y afirmó: “Ni la Casa Blanca ni el Departamento de Defensa nos han dado una explicación lógica de la base legal. Se hacen nudos ellos solos intentando explicarlo”, en referencia a la falta de argumentación coherente sobre la legitimidad legal de estos operativos.
El medio ABC añadió que el senador demócrata Rubén Gallego se refirió a las acciones militares como “asesinatos”. Gallego argumentó en la cadena NBC: “Es muy simple. Si este presidente considera que están haciendo algo ilegal, debería emplear a la Guardia Costera. Si es un acto de guerra, entonces se utiliza a nuestros militares y primero hablas con nosotros. Pero estos son asesinatos”, diferenciando entre operativos de seguridad y el uso de las fuerzas armadas, y cuestionando la ausencia de diálogo previo con las cámaras legislativas.
Sobre el proceso de control y supervisión, el senador republicano James Lankford planteó en C-SPAN la necesidad de mantener plenamente informados a los legisladores sobre las acciones del Ejecutivo en el extranjero. Lankford sostuvo: “La Administración tiene que dar información al Congreso (...). Si estuviera ocurriendo algo así con este nivel de supervisión con la Administración Biden hubiera sido para enfurecerse,” sugiriendo una actitud crítica hacia la falta de transparencia en la actual gestión.
El medio CBS también reportó que, además de las acciones en el Caribe, el presidente Trump autorizó la realización de operaciones de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en Venezuela. Esta decisión, sumada a la falta de datos públicos sobre los objetivos y resultados de los ataques en la región, elevó la inquietud sobre el alcance y los límites del poder ejecutivo para el uso unilateral de la fuerza militar.
Los legisladores críticos coinciden en tres puntos principales: la inexistencia de pruebas públicas que justifiquen las acciones contra supuestos traficantes en el Caribe, la omisión de cualquier discusión o votación en el Congreso que autorice el empleo de fuerza militar en la zona, y los cuestionamientos legales al procedimiento empleado por el Ejecutivo. El debate, reflejado en los distintos medios como Fox News, CBS, ABC y C-SPAN, se centra en la necesidad de preservar los procedimientos constitucionales, garantizar los controles democráticos y evitar precedentes de acciones militares sin suficiente supervisión y justificación ante la sociedad y el Poder Legislativo estadounidense.
