El anuncio de un paro nacional indefinido convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) destaca las crecientes tensiones sociales alrededor de la eliminación del subsidio al diésel, medida que ha desencadenado no solo protestas masivas sino también la ampliación del toque de queda en cinco provincias. El Gobierno de Ecuador ha respondido a estas movilizaciones, restringiendo la circulación nocturna en varias regiones del país y reforzando la presencia de fuerzas de seguridad para evitar bloqueos, según detalló el medio 'Primicias'.
El presidente Daniel Noboa decretó este jueves el toque de queda en Chimborazo, provincia que se sumó a Imbabura, Bolívar y Carchi, donde desde las 22:00 hasta las 5:00 queda prohibida la circulación de personas y vehículos. Con este nuevo decreto, Chimborazo pasa a formar parte del estado de excepción y ve limitada la libertad de reunión durante un periodo de 60 días. Según recogió 'Primicias', la decisión se fundamenta en la obstaculización de las calles reportada en estas provincias, así como en Pichincha, Azuay, Cotopaxi y Santo Domingo, lo que ha alterado las actividades cotidianas, comerciales y laborales de los habitantes.
La Presidencia ecuatoriana justificó el endurecimiento de las medidas al afirmar que las protestas desplegadas entre el 13 y el 18 de septiembre comprometieron la movilidad y los derechos de la ciudadanía. En el comunicado oficial, el Gobierno aseguró que el derecho a la protesta pacífica sigue vigente, pero advirtió que el Ejército y la Policía Nacional podrán intervenir y disolver encuentros públicos donde identifiquen posibles amenazas a la seguridad.
El pronunciamiento institucional, difundido en redes sociales, remarcó que las restricciones no buscan ejercer represión. “Quienes incurran en actos de terrorismo, bloqueos ilegales de vías o violencia organizada serán sancionados conforme a la ley,” expresó la Presidencia, que además responsabilizó a sectores opositores de “sembrar dudas e imponer sus exigencias sobre el mandato popular,” conforme citó 'Primicias'. El Gobierno añadió que “la democracia no se sustituye con amenazas, bloqueos o imposiciones que desconocen la voluntad ciudadana,” refiriéndose al contexto de alta tensión generado por las protestas recientes.
Además de manifestar su defensa al derecho de protesta pacífica, la administración Noboa aprovechó el comunicado para promover “la convocatoria a una Asamblea Constituyente,” considerándola una oportunidad histórica para el país. El Ejecutivo criticó la postura de quienes se oponen a la consulta popular y al proyecto constituyente, pues en palabras del Gobierno, “es negarle al pueblo el derecho a decidir”.
La Conaie formalizó su llamado a paro nacional inmediato, exigiendo al Ejecutivo la derogación de la medida que elimina el subsidio al diésel, una reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 15 al 12 por ciento, la conformación de un parlamento plurinacional y la retirada de la propuesta de consulta popular y Asamblea Constituyente. De acuerdo con la Confederación, estas iniciativas del Gobierno no atienden los problemas estructurales del país y no responden a las demandas sociales.
En medio de la escalada de protestas y las disposiciones gubernamentales, el Ejecutivo detalló, según 'Primicias', una serie de medidas compensatorias destinadas a sectores afectados directamente por la eliminación del subsidio al combustible. Entre las acciones anunciadas se incluye la expansión del bono estatal a 55.000 nuevas familias beneficiarias, la restitución directa del IVA a personas adultas mayores y una compensación económica mensual de entre 400 y 1.000 dólares para 23.300 conductores de transporte público.
Con la implementación del toque de queda y las restricciones a la libertad de reunión en las provincias señaladas, el Gobierno busca frenar los bloqueos de carreteras y mantener el normal desenvolvimiento de las actividades económicas y sociales. El decreto presidencial especifica que las fuerzas armadas y la policía tienen la facultad de intervenir para prevenir y dispersar concentraciones que puedan afectar la seguridad ciudadana, como detalló el medio 'Primicias'.
Las tensiones entre el Ejecutivo y la oposición se intensifican bajo el actual contexto de movilizaciones, paros y restricciones. Mientras el Gobierno sostiene la necesidad de sus políticas para garantizar la estabilidad y el funcionamiento del país, las organizaciones indígenas y otros grupos sociales señalan que las recientes decisiones económicas y políticas profundizan el malestar y la desconfianza hacia la institucionalidad.
