Keiko Fujimori declaró ante la opinión pública que existen intentos sistemáticos para eliminar al fujimorismo, según un mensaje difundido en su cuenta de la red social X. En su publicación, la dirigente de Fuerza Popular cuestionó el pedido de la Fiscalía, alegando que existe una motivación política detrás de la solicitud e hizo un llamado a la comunidad internacional para que observe lo que denominó un ataque directo contra la democracia peruana. Esta reacción surge tras la solicitud formal de la Fiscalía de Perú al Poder Judicial para que se retire la inscripción al partido Fuerza Popular y se prohíba su participación en las elecciones generales previstas para abril de 2026, según informó el medio Europa Press.
El Ministerio Público, encabezado por la magistrada Delia Espinoza, presentó un escrito donde argumenta que Fuerza Popular habría incurrido en una serie de prácticas consideradas contrarias a las normas democráticas, según detalló Europa Press. La Fiscalía sostiene que el partido de Fujimori violó el artículo 14 de la Ley de Organizaciones Políticas, norma que prohíbe conductas que atenten contra principios democráticos y, en este sentido, solicitó no solo la ilegalización de la agrupación política, sino también el cierre de sus locales en todo el país.
El documento enviado al Poder Judicial reúne una serie de acusaciones consideradas graves por la Fiscalía. Entre los señalamientos, el Ministerio Público acusó a Fuerza Popular de promover atentados contra la integridad de magistrados, funcionarios públicos, opositores políticos, periodistas y medios independientes, así como de hostigar a miembros de la sociedad civil organizada. Europa Press reportó que el escrito también incluyó la persecución de personas por razón de su función pública, posición política, profesión y/u opinión, además de la exclusión de congresistas tanto militantes como invitados de su bancada debido a disidencias políticas o libertad de conciencia.
La Fiscalía consideró que existe una legitimación de la violencia como método para lograr objetivos políticos dentro de las acciones del partido liderado por Fujimori. De acuerdo con el informe presentado, se señala además que Fuerza Popular habría exculpado actos cometidos contra la vida e integridad de las víctimas durante el conflicto armado interno ocurrido entre 1990 y 2000. La institución dirigida por Espinoza afirmó que las conductas descritas demuestran una vulneración sistemática de libertades y derechos fundamentales dentro del marco democrático nacional.
Por su parte, Keiko Fujimori respondió públicamente a las acusaciones formuladas por el Ministerio Público. En su mensaje, además de rechazar las imputaciones, insistió en que el fujimorismo ha soportado múltiples intentos similares en el pasado sin que hayan prosperado. “Nos investigaron diez años y no encontraron nada. ¡Mil veces han querido desaparecer al fujimorismo y nunca lo lograron! ¿Ahora creen que con este pedido nos quitarán el respaldo del pueblo?”, manifestó la dirigente, según recopiló Europa Press.
En el mismo comunicado, Fujimori calificó a la fiscal Delia Espinoza como una “fiscal politizada” y la acusó de emplear el caso contra Fuerza Popular como distracción sobre los problemas de delincuencia que enfrenta el país, considerando que la medida dañaría la legitimidad de la institución. Reiteró su confianza en que la solicitud de ilegalización finalmente será rechazada por el Poder Judicial, aunque mantuvo la alerta sobre los riesgos que, en su visión, esta acción representa para el sistema democrático en Perú.
La petición de la Fiscalía se da en un contexto político complejo, en el que Fuerza Popular es considerado uno de los principales bloques de oposición en el Congreso y ha tenido un papel significativo en la vida política suramericana durante las últimas décadas, según describió Europa Press. La dirigencia del partido y sus seguidores consideran que el pedido de ilegalización forma parte de una persecución con motivación política que trasciende el ámbito judicial y afecta la representatividad de amplios sectores de la ciudadanía.
El proceso judicial queda ahora en manos del Poder Judicial, que deberá analizar las pruebas presentadas y resolver si corresponde retirar la inscripción electoral de Fuerza Popular y proceder con el cierre de sus locales. Europa Press precisó que la decisión final tendrá repercusiones no solo sobre el partido y sus dirigentes, sino sobre el mapa político de cara a las elecciones generales de 2026 y sobre el debate en torno a la vigencia de los principios democráticos en el país.
