La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha solicitado a siete organismos internacionales, entre ellos la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), un posicionamiento explícito en condena a las acciones que, según el Gobierno venezolano, han realizado fuerzas estadounidenses en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Venezuela. De acuerdo con lo informado por diversas agencias y detallado por la propia Rodríguez en una carta difundida mediante sus redes sociales, recientes operaciones de Estados Unidos han dejado cerca de 15 víctimas mortales y han ocasionado la destrucción de varias embarcaciones venezolanas, elevando la tensión regional.
Según publicó el Gobierno venezolano, las denuncias se centran en la intervención de un destructor estadounidense en aguas que Caracas identifica como parte de su ZEE. Durante esa operación, militares armados abordaron un barco pesquero venezolano, el cual, indica Rodríguez —según consignó uno de los comunicados difundidos—, navegaba desarmado y contaba con una tripulación de nueve pescadores dedicados a la pesca de atún. La funcionaria puntualizó que el abordaje se produjo por un navío militar estadounidense provisto de armamento de guerra, desde el cual 18 efectivos, armados con fusiles, subieron y ocuparon el barco pesquero.
La vicepresidenta manifestó que tales actos resultan desproporcionados, vulneran normas internacionales sobre control de la navegación marítima y afectan el libre ejercicio de la actividad pesquera, así como los derechos humanos de los trabajadores implicados. Rodríguez añadió que el Gobierno venezolano considera inaceptable cualquier intento de obstaculizar la actividad productiva y el desarrollo económico de Venezuela a través de operaciones que calificó como injustificadas y contrarias al derecho internacional.
Tal como publicó el Gobierno de Venezuela, en la comunicación dirigida a la FAO y a los otros seis organismos internacionales, se insiste en dejar constancia de lo que denominan una grave violación cometida por las autoridades estadounidenses. Rodríguez solicitó, en nombre del Ejecutivo venezolano, un pronunciamiento firme y condenatorio frente a lo que describió como un acto de hostilidad y agresión que afecta a los pescadores venezolanos y repercute de manera negativa en el ejercicio económico de la pesca.
La situación se agrava debido a que, de acuerdo con lo consignado en los informes oficiales y recogido por medios venezolanos, los recientes incidentes han derivado en la muerte de aproximadamente 15 personas. Este hecho ha incrementado la preocupación tanto en el ámbito regional como en sectores políticos dentro de Estados Unidos. Fuentes del parlamento estadounidense señalaron que existe controversia sobre la legalidad de las acciones militares, dado que las embarcaciones venezolanas no serían objetivos militares legítimos bajo los estándares internacionales y nacionales en Estados Unidos, según reportó la prensa local.
El medio oficial venezolano señaló que la denuncia contra Estados Unidos no se limita a la FAO, sino que involucra a otros seis organismos internacionales, aunque no especificó en este punto los nombres de las otras entidades. Estas gestiones buscan una respuesta coordinada y contundente por parte de las instituciones multilaterales.
La carta de Delcy Rodríguez, reproducida por diversos canales oficiales, señala que la ocupación forzada del barco pesquero impide el normal desarrollo de las actividades económicas en la región, lo que, según Caracas, representa un intento de obstaculización sobre su sector productivo marítimo. El Gobierno remarcó dentro de sus argumentos la diferencia de poder y armamento entre un barco pesquero y un destructor, lo que, según su postura, evidencia la naturaleza asimétrica y desproporcionada de la operación estadounidense.
La publicación consigna que, después de estos eventos, han comenzado a manifestarse presiones políticas internas en Estados Unidos. Algunos congresistas han planteado que el poder ejecutivo carece de base legal suficiente para ordenar ataques contra embarcaciones civiles, ya que tales objetivos no cumplen con los criterios de amenaza militar directa. Esta controversia ha añadido complejidad a la discusión en la política estadounidense, mientras que en el plano internacional, Venezuela busca obtener respaldo mediante la intervención de organismos multilaterales.
El Gobierno venezolano mantiene la exigencia de una condena clara por parte de la comunidad internacional frente a lo que califica como ataques injustificados en su espacio marítimo. El texto íntegro de la denuncia remitida por Delcy Rodríguez expone los efectos adversos que estas operaciones producen sobre el desarrollo económico nacional, especialmente sobre el sector pesquero, al mismo tiempo que insiste en la necesidad de defender los derechos de los trabajadores del mar y la soberanía del país.
El medio oficial recalcó, además, que la situación ha elevado la tensión diplomática en la región. Estas acciones han sido interpretadas por Venezuela como un nuevo episodio en medio de las disputas históricas sobre jurisdicción marítima y el acceso a los recursos pesqueros, tema que lleva años generando fricciones entre ambos países y que, según las autoridades venezolanas, ahora alcanza un nuevo nivel de gravedad tras los recientes episodios señalados en la denuncia ante la FAO y las otras entidades internacionales.
