El Gobierno francés ha registrado la movilización de "poco más de 500.000" manifestantes en toda Francia durante una nueva jornada de protestas convocadas por los principales sindicatos contra el proyecto presupuestario. Según informó el medio Europa Press, el ministro del Interior en funciones, Bruno Retailleau, confirmó en rueda de prensa la detención de 309 personas en el transcurso de los disturbios registrados este jueves, de las cuales 134 permanecen bajo custodia policial, en medio de una escalada de tensión que ha incluido episodios violentos en distintas ciudades.
El nuevo primer ministro, Sébastien Lecornu, reafirmó públicamente su disposición a atender las peticiones principales de las organizaciones sindicales que han liderado las protestas, declarando que "las demandas presentadas por los representantes sindicales y compartidas por los manifestantes en las marchas son el núcleo de las consultas" actualmente abiertas con el resto de las fuerzas políticas. El medio Europa Press consignó que Lecornu enfatizó su intención de mantener el diálogo, comprometiéndose a reunirse de nuevo con los líderes sindicales en los próximos días y reiterando su condena a la violencia vivida durante las manifestaciones, tanto contra las fuerzas de seguridad como en los ataques a servicios de emergencia e infraestructuras públicas o privadas.
Durante la jornada de protestas, los altercados desembocaron en un saldo de 26 miembros de las fuerzas del orden heridos, según detalló Europa Press. El ministro del Interior, Bruno Retailleau, identificó la presencia de 7.300 personas que calificó como "individuos radicalizados, peligrosos", y subrayó que dichas acciones fueron respondidas con contramedidas por parte de la policía y fuerzas de seguridad para desbloquear puntos críticos y restablecer la calma en las zonas más conflictivas. Retailleau había anticipado en jornadas previas la posibilidad de enfrentamientos, atribuyendo la responsabilidad de estos actos violentos a "grupúsculos de ultraizquierda", según reportó Europa Press.
Las fuerzas de seguridad incrementaron su despliegue ante el contexto de tensión por las convocatorias sindicales, que han elevado la presión sobre el Ejecutivo tras la dimisión de François Bayrou. Las protestas continúan en respuesta al proyecto presupuestario impulsado por el gobierno, considerado polémico por los sindicatos y parte de la oposición, ya que, sostienen sus detractores, implica recortes y reformas que afectan a los servicios públicos y a las condiciones laborales de amplios sectores.
El primer ministro Lecornu manifestó su "enérgica condena" hacia los excesos cometidos contra los agentes del orden y los daños materiales, al tiempo que expresó su agradecimiento por el esfuerzo y el compromiso profesional desplegado por la policía y los servicios de emergencia para salvaguardar la seguridad pública. A través de su cuenta oficial en la red social X, el jefe de gobierno recordó que "la violencia no es un medio legítimo de acción política y nadie debe tolerarla. No puede haber libertad de protesta sin respeto a la ley", de acuerdo con lo informado por Europa Press.
Las autoridades gubernamentales han insistido en que el camino para encontrar soluciones pasa por el diálogo inclusivo con los actores sociales, en un contexto de creciente malestar social y presión sindical. Según consignó Europa Press, el pasado día 10 Francia ya fue escenario de una masiva protesta que en París reunió al menos a 200.000 personas, desatando incidentes graves como el incendio de un restaurante en el centro de la capital, lo que llevó al Gobierno a mantener un estado de alerta reforzado ante la convocatoria de nuevas acciones reivindicativas.
Los sindicatos, que mantienen un papel central en la movilización, exigen la retirada del actual plan presupuestario y han reiterado su voluntad de mantener la presión mediante nuevas huelgas y manifestaciones. La jornada vivida el jueves resalta la persistencia del conflicto entre las demandas sindicales y las políticas propuestas por el Ejecutivo, lo que, según el medio Europa Press, coloca al Gobierno en la tarea de equilibrar la respuesta de las fuerzas de seguridad con el respeto al derecho de manifestación y el intento de canalizar el descontento social por la vía institucional.
El futuro inmediato se presenta marcado por la promesa de nuevas negociaciones, en paralelo a la vigilancia del ejecutivo sobre potenciales desmanes impulsados por grupos radicales, al tiempo que las denuncias sobre el impacto de las reformas propuestas mantienen la tensión en las calles y en el debate político nacional, según señaló Europa Press.
