El ministro del Interior de España, Fernando Grande-Marlaska, se refirió al atraso de una semana en la aplicación del embargo de armas a Israel, justificando que se trata de una cuestión técnica vinculada a diferentes normativas y confirmando que el asunto será abordado en el próximo Consejo de Ministros. En este contexto, Grande-Marlaska respaldó la reciente decisión de la Fiscalía de iniciar investigaciones sobre los abusos a civiles cometidos en Gaza desde el principio del conflicto, destacando la importancia de que tanto el sistema judicial nacional como el internacional actúen frente a violaciones graves.
Según detalló El País, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, decidió la apertura de diligencias para indagar posibles crímenes en la Franja de Gaza en el marco de la operación militar israelí, iniciada hace casi dos años. Esta iniciativa responde a las sospechas de genocidio y otros delitos de lesa humanidad que se atribuyen a las acciones militares israelíes, de acuerdo con lo reportado por el mismo medio. El titular de Interior expresó esta mañana en Vigo que considera “razonable” y “necesario” el paso adoptado por la Fiscalía, calificando como “genocidio” la situación que afronta la población gazatí.
Durante su intervención tras el acto de entrega del buque oceánico de la Guardia Civil ‘Duque de Ahumada’ en el puerto de Vigo, Grande-Marlaska defendió la postura del Gobierno en apoyo a la investigación iniciada por el Ministerio Público. El ministro insistió en que cualquier medida encaminada a que el ordenamiento jurídico nacional e internacional predomine frente a actos de barbarie le resulta plenamente lógica y justificada. “Todo lo que sea actuar y hacer que el ordenamiento jurídico nacional e internacional se imponga sobre la barbarie podéis entender que me parece lo más razonable y diría lo necesario”, afirmó, según consignó El País.
Grande-Marlaska recordó también que la jurisdicción universal forma parte activa del sistema jurídico español y se integra dentro de sus competencias legales. De acuerdo con lo publicado por El País, esa mención se dirige a la posibilidad de que tribunales españoles puedan investigar y juzgar delitos graves como genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, aunque hayan sido cometidos fuera de las fronteras nacionales.
En relación al embargo de armas a Israel, el ministro explicó ante la prensa que el Gobierno mantiene el compromiso de llevarlo al Consejo de Ministros del martes siguiente, apuntando que el aplazamiento se debe a la complejidad técnica de la medida, por su impacto sobre diversas leyes, según informó El País. El Ejecutivo defiende esta medida como parte de su política exterior y en línea con las obligaciones internacionales españolas en materia de derechos humanos y control de exportaciones de armamento.
La decisión de la Fiscalía y las declaraciones de Grande-Marlaska se producen en un momento de creciente presión internacional sobre Israel por el alto número de víctimas civiles en Gaza desde el inicio de la ofensiva militar. Diversos grupos y organizaciones han reclamado la adopción de medidas eficaces para frenar los ataques y garantizar la protección de la población civil palestina. La actuación de la Fiscalía española representa un paso alineado con la aplicación de la jurisdicción universal, que autoriza a los Estados a perseguir delitos de especial gravedad con independencia del lugar en que se cometieron o la nacionalidad de sus víctimas o perpetradores, según explicó El País.
El titular de Interior también expresó su pesar ante la reticencia de ciertas formaciones políticas para reconocer la gravedad de lo que sucede en Gaza, aludiendo a las dificultades que muestran para aceptar la existencia de crímenes que encajan en la categoría de genocidio. Estas afirmaciones buscan subrayar la posición del Gobierno frente a la crisis y la necesidad de una respuesta basada en principios jurídicos internacionales, según reportó El País.
Las gestiones emprendidas por la Fiscalía avanzan en paralelo a los debates que se desarrollan en el seno del Gobierno sobre el embargo de armamento, que ha quedado pospuesto por lo menos hasta la próxima semana. Marlaska reiteró que la intención del Ejecutivo es firme en cuanto a la aplicación de las restricciones, una vez que los aspectos técnicos sean solventados, informó El País. Añadió que las decisiones adoptadas buscan responder tanto al derecho interno español como a los compromisos adoptados ante instancias internacionales en materia de derechos humanos y control del comercio de armas.
En conjunto, la respuesta del Gobierno español a la situación en Gaza y las investigaciones promovidas por el Ministerio Público reflejan un enfoque orientado a la aplicación de la justicia universal y al cumplimiento de las normativas internacionales sobre protección a víctimas civiles y restricción en la transferencia de medios bélicos. Las actuaciones recientes contribuyen al debate sobre la responsabilidad de los Estados frente a crisis humanitarias y la vigencia de los mecanismos jurídicos para perseguir las violaciones más graves del derecho internacional humanitario, según resumió El País.
