Un grupo de militares del Batallón La Popa de Colombia ha recibido condenas que incluyen la participación en la construcción de infraestructura, un mausoleo para víctimas y un centro cultural indígena. De acuerdo con lo que reportó el medio Europa Press, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sentenció a doce miembros de esa unidad militar por el asesinato ilegítimo y las desapariciones forzadas de 135 civiles identificados como “falsos positivos”, casos ocurridos entre 2002 y 2005 en los departamentos de César y La Guajira. Estos delitos fueron cometidos en coordinación con las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), según la investigación detallada por la JEP.
Según consignó Europa Press, los militares sancionados constituían mayoritariamente mandos medios, dado que los oficiales de mayor rango no aceptaron los cargos presentados en su contra. La sentencia contempla penas restaurativas de ocho años, una decisión que deriva de los acuerdos de paz firmados en La Habana en 2016. Dentro de las medidas impuestas, los condenados deberán participar en acciones que restauren la integridad de las víctimas y ofrecer explicaciones y rendición de cuentas a las comunidades afectadas. Algunas responsabilidades incluyen trabajos de reparación y mantenimiento de instalaciones en las zonas dañadas y la colaboración en proyectos conmemorativos dirigidos a la comunidad indígena Wiwa.
De acuerdo con la información publicada por Europa Press, la resolución de la JEP se enmarca en un contexto más amplio de sanción a diferentes actores del conflicto colombiano. Esta misma semana, la jurisdicción impuso sanciones alternativas a antiguos líderes de la guerrilla de las FARC, quienes admitieron su responsabilidad en el secuestro de 21.000 personas durante casi seis décadas de enfrentamiento armado en el país. Este reconocimiento colectivo contrastó con la actitud adoptada por los militares del Batallón La Popa, dado que solo los mandos intermedios y bajos aceptaron los cargos y la participación en homicidios y desapariciones.
El fenómeno de los “falsos positivos” ha recibido atención nacional e internacional debido a su magnitud. Europa Press señaló que la propia JEP estima en 6.402 el número de civiles que, principalmente entre 2006 y 2008 y durante el gobierno de Álvaro Uribe, fueron asesinados por efectivos de las fuerzas de seguridad y posteriormente presentados como guerrilleros muertos en combate. Estos crímenes, según la investigación, buscaban mostrar como logros militares lo que en realidad fueron ejecuciones ilegales.
La respuesta a estos hechos, indicó Europa Press, se vio influida por incentivos oficiales como condecoraciones y recompensas económicas que el Gobierno colombiano ofrecía a los efectivos que demostraran resultados positivos en la lucha contra grupos armados y el narcotráfico. Estas políticas, orientadas a mostrar avances en la seguridad, alentaron la manipulación de cifras a través de la ejecución de civiles inocentes para suplantar bajas de combatientes.
Las sanciones dictadas esta semana forman parte de un proceso de justicia transicional, enfatizó Europa Press, en el cual los responsables cumplen penas restaurativas en lugar de prisión tradicional. Algunas condenas incluyen la reducción del tiempo de reparación debido a los períodos que los condenados ya pasaron detenidos preventivamente. En todos los casos, las medidas están orientadas a la restitución simbólica y material de las víctimas y a la preservación de la memoria histórica.
La colaboración entre las fuerzas militares y las estructuras paramilitares, denunciada en la sentencia, figura como un elemento clave en el desarrollo de los delitos. Europa Press citó que la JEP identificó una “alianza y connivencia” con las AUC en el desarrollo de los asesinatos y desapariciones en el Caribe colombiano, lo que facilitó las operaciones y ocultó la naturaleza real de los crímenes. Durante el periodo investigado, las autoridades militares del Batallón La Popa operaban desde la sede en Valledupar y gestionaban operativos en las áreas rurales de César y La Guajira, donde ocurrieron la mayoría de los casos.
La resolución sobre los “falsos positivos” involucra a la comunidad indígena Wiwa, víctima directa de las ejecuciones y desapariciones, según detalló el medio. Los proyectos de restauración puestos en marcha bajo la sentencia incluyen la construcción de infraestructuras en las zonas afectadas, con especial atención a obras diseñadas para mantener viva la memoria de quienes perdieron la vida.
Europa Press informó que aunque la JEP ha concluido la etapa de sentencias restaurativas para los acusados que aceptaron responsabilidad, quedan pendientes procesos judiciales para los altos mandos militares que no han reconocido su implicación. Mientras tanto, el país sigue afrontando las consecuencias de estos crímenes en el marco del conflicto armado y ajusta sus mecanismos de justicia para responder tanto a las víctimas como a la necesidad de verdad y reparación.
La presentación de resultados parciales de la JEP también reaviva el debate sobre el alcance de las políticas gubernamentales implementadas durante la etapa más intensa de confrontación, así como los límites entre operaciones legítimas de seguridad y crímenes de Estado. La cifra oficial de víctimas reconocidas por la JEP y los trabajos de memoria impulsados en las zonas intervenidas reflejan la extensión de estas prácticas y su impacto en el tejido social de las comunidades afectadas.
