La divulgación de imágenes aéreas tras los bombardeos estadounidenses en aguas internacionales, presuntamente contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico, permitió a Human Rights Watch (HRW) identificar al menos a seis personas a bordo en uno de los ataques, aunque la organización subrayó que la ubicación exacta y el momento del incidente aún no han sido corroborados de forma independiente. Según detalló el medio, HRW denunció que estas operaciones, realizadas bajo la administración del expresidente Donald Trump en septiembre, constituyen ejecuciones extrajudiciales y cuestionan su legalidad dentro del marco del Derecho Internacional.
De acuerdo con lo consignado por la agencia, el presidente Trump informó el 2 de septiembre sobre el primer ataque, indicando que un bombardeo contra una pequeña embarcación presuntamente salida de Venezuela había causado once muertes. Washington señaló a las víctimas como miembros de la banda Tren de Aragua, clasificada por autoridades estadounidenses como organización terrorista internacional. Tras la publicación de un video del ataque por parte de Trump, HRW analizó las imágenes y comunicó la falta de verificación independiente sobre la localización y temporalidad del hecho.
El presidente Trump anunció después, el 15 de septiembre, una segunda operación en aguas internacionales contra otra embarcación que también habría partido desde Venezuela, asegurando en esta ocasión la muerte de tres personas. Según reportó el medio, HRW señaló que las imágenes muestran solo a dos individuos en la nave antes de la explosión, reiterando una vez más la ausencia de verificación independiente sobre la identidad de los fallecidos y el contexto del ataque.
La directora de HRW en Washington, Sarah Yager, expresó que “los funcionarios estadounidenses no pueden ejecutar de forma sumaria a personas a las que acusan de tráfico de drogas”. Añadió: “El problema de los narcóticos que entran en Estados Unidos no es un conflicto armado y los funcionarios estadounidenses no pueden saltarse sus obligaciones en materia de Derechos Humanos pretendiendo lo contrario”, en declaraciones reproducidas por el medio.
La agencia recordó que, tras estos operativos, Trump publicó en su cuenta de Truth Social una advertencia relativa a la posibilidad de nuevas acciones similares, indicando: “Estén advertidos. Si transportan drogas que pueden matar a estadounidenses, les cazaremos”. Este mensaje fue interpretado por HRW como una señal de intención de continuar aplicando esta modalidad de ataques.
Según publicó el medio, HRW advirtió que el uso de fuerza letal en estos episodios infringe las disposiciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Destacaron el contenido del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Estados Unidos, el cual establece la protección del derecho a la vida. HRW evocó, además, los estándares internacionales que solo permiten el uso de fuerza letal cuando resulte ineludible para evitar una amenaza inminente de muerte o heridas graves y que imponen a las autoridades la obligación de intentar minimizar daños y preservar la vida.
HRW puntualizó, según la agencia, que en los ataques denunciados no se documentó un intento de detener a los sospechosos, ni la existencia de una amenaza inminente que justificara la fuerza letal. Según la organización, la versión de los hechos proporcionada por autoridades estadounidenses sugiere que no se respetaron dichos estándares, lo que califica las operaciones como ejecuciones extrajudiciales.
En el análisis de contexto aportado por la organización y detallado por el medio, se puntualizó que estos bombardeos tuvieron lugar durante un periodo en el que la administración Trump procuró desmantelar mecanismos internos de supervisión en el ejército de Estados Unidos. HRW indicó que esta coyuntura provocó una erosión de “protecciones clave para garantizar el cumplimiento del Derecho Internacional”.
La representante de HRW, Sarah Yager, instó a las fuerzas armadas estadounidenses a suspender cualquier preparación para realizar futuros ataques de esta índole y subrayó que todas las operaciones militares deben ajustarse estrictamente a las normas internacionales de Derechos Humanos y Derecho Humanitario. Finalmente, Yager sugirió mediante el comunicado difundido por la agencia que “el Congreso debería abrir una investigación rápida y transparente sobre los procesos de toma de decisiones detrás de estos ataques, incluidos los razonamientos legales y la cadena de mando”.
El medio agregó que HRW renovó sus exigencias para que se lleven a cabo investigaciones independientes y exhaustivas sobre las muertes resultantes de estas operaciones, incluyendo la identificación de las víctimas y la posible rendición de cuentas ante presuntas violaciones al Derecho Internacional. Los cuestionamientos de la organización abarcan no solo el fondo legal sobre el empleo de fuerza letal, sino también la falta de procedimientos para detener e identificar a los sospechosos antes de recurrir a ataques letales. Todas estas consideraciones conforman un llamado a la revisión y evaluación de las políticas estadounidenses en torno a la lucha contra el narcotráfico en el Caribe y sus implicaciones para los Derechos Humanos, temas que, según reportó la agencia, continúan bajo debate internacional.
