La decisión de cesar las operaciones del Centro para la Contrarrestación de la Manipulación e Interferencia de Información Extranjera (R/FIMI), efectuada el pasado 16 de abril bajo la orden del titular del Departamento de Estado, Marco Rubio, marca el cierre de uno de los principales mecanismos que durante los años recientes articulaban la respuesta de Estados Unidos a las campañas de manipulación informativa de origen extranjero. La medida anuncia el fin de los marcos y herramientas diseñados en pasadas administraciones para combatir la interferencia externa en los flujos informativos, y responde a un análisis oficial que identificó estos programas como vehículos de censura política, desplazados de su objetivo inicial de protección civil contra la propaganda.
Según informó el Departamento de Estado a través de un comunicado difundido este miércoles, todas las estructuras implementadas en la anterior administración para combatir la manipulación de información por parte de otros países quedaron suspendidas. El vocero adjunto de la institución, Tommy Pigott, señaló que la iniciativa se integra con el decreto ejecutivo del 20 de enero firmado por el presidente Donald Trump, enfocado al restablecimiento de la libertad de expresión y la eliminación de mecanismos de censura bajo supervisión federal. Pigott afirmó que Estados Unidos optará por enfrentar la propaganda maliciosa extranacional mediante el fortalecimiento del derecho al libre intercambio de ideas entre sus ciudadanos, sin recurrir a inconsistencias regulatorias que puedan utilizarse para la restricción de opiniones.
El medio detalló que el Centro de Participación Global (GEC), predecesor inmediato del R/FIMI, se encontraba encargado de dar respuesta a la desinformación generada por gobiernos extranjeros. Estas estructuras nacieron con la intención de salvaguardar a la sociedad estadounidense de narrativas hostiles, producidas y amplificadas desde fuera del país por agentes estatales. No obstante, la revisión oficial determinó que los instrumentos regulatorios implementados bajo estos marcos se transformaron eventualmente en herramientas de control, capaces de limitar la expresión política nacional.
El Departamento de Estado explicitó que esta redefinición de la política prioriza la libertad de expresión como estrategia de defensa frente a campañas de desinformación extranjeras. La institución manifestó que, en lugar de sistemas regulatorios, se impulsarán mecanismos que permitan a la ciudadanía acceder a información diversa y debatirla abiertamente. En palabras del comunicado, “a través de la libertad de expresión, Estados Unidos contrarrestará la propaganda maligna genuina de los adversarios que amenazan nuestra seguridad nacional, al tiempo que protegerá el derecho de los estadounidenses a intercambiar ideas”.
De acuerdo con lo informado, la disolución del R/FIMI representa la conclusión de un ciclo que inició con la creación del Centro de Participación Global, organismo que inicialmente orientaba sus esfuerzos en identificar y exponer operaciones de desinformación orquestadas por potencias extranjeras. La función de ambos entes estuvo marcada por el desarrollo de herramientas de monitoreo, diagnósticos de actividad hostil e intentos de respuesta institucional a las campañas que, según estimaciones oficiales, constituían riesgos para los procesos democráticos y la estabilidad interna.
El medio consignó que los cambios actuales responden también a críticas provenientes de distintos sectores sociales y políticos dentro del país, quienes pusieron en duda la proporcionalidad y la transparencia de los programas antidisinformación. Voces críticas plantearon que ciertos procedimientos resultaron excesivos en su alcance, abriendo espacios que podían ser utilizados para silenciar a sectores opositores bajo el pretexto de proteger la seguridad nacional. Como resultado, el rediseño de las políticas busca solucionar esas objeciones y reafirmar los principios fundacionales relativos a la libertad de expresión.
Según reportó el Departamento de Estado, la administración federal considera que la defensa ante amenazas informativas del exterior no debe recaer en filtros gubernamentales sobre el contenido que circula entre los ciudadanos, sino en la promoción de una cultura de diálogo libre y abierto. Esta directriz se alinea con el marco legal y las disposiciones constitucionales que rigen el intercambio de ideas en Estados Unidos. Los portavoces de la cartera diplomática apuntaron que, ante escenarios futuros de injerencia informativa, la respuesta estatal priorizará siempre la protección de derechos civiles antes que la implementación de controles regulatorios.
La reestructuración de los marcos institucionales para la gestión de la desinformación extranjera y la supresión del centro operativo encargado de esa tarea forman parte de un cambio de enfoque que prioriza soluciones basadas en mecanismos democráticos y libre participación. Así lo expone el Departamento de Estado en su declaración oficial, comprometiéndose a enfrentar la propaganda hostil con alternativas legales y fomentando la resiliencia social frente a narrativas externas adversas, todo bajo la premisa de respetar y garantizar el acceso de los estadounidenses a un entorno comunicativo abierto y sin censura.
