El arresto de cuatro individuos vinculados al transporte de cerca de 3,7 toneladas de droga en Venezuela, uno de ellos con antecedentes de detención en Puerto Rico por tráfico de estupefacientes, ha encendido nuevas acusaciones sobre la participación de la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos en operaciones encubiertas dentro del país sudamericano. Según reportó el medio, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, aseguró que el propietario de la droga incautada es un agente de la DEA y denunció este hecho como parte de una supuesta "operación de falsa bandera" organizada por autoridades estadounidenses.
El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, anunció el inicio de maniobras militares denominadas "Caribe soberano 200" que, de acuerdo con lo informado el miércoles por el propio Padrino López y tal como publicó la agencia Europa Press, se ejecutan "en respuesta a las amenazas" de Estados Unidos. Estas declaraciones se producen después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmara que fuerzas norteamericanas destruyeron tres embarcaciones venezolanas en aguas del Caribe, en incidentes recientes que, según las autoridades venezolanas, dejaron un saldo de aproximadamente 15 víctimas mortales.
El titular de Defensa detalló que estas maniobras militares, que cuentan con autorización del presidente Nicolás Maduro, implican un despliegue conjunto de recursos aéreos, marítimos y terrestres, incluyendo el uso de drones, fuerzas especiales, equipos de Inteligencia y unidades de guerra electrónica. Las actividades tienen lugar en la isla La Orchila, específicamente desde la Base Naval Antonio Díaz situada a cerca de 180 kilómetros de la costa continental venezolana, con una duración prevista de tres días consecutivos.
En declaraciones televisadas citadas por Europa Press, Padrino López subrayó que el ejercicio militar responde a lo que calificó como una "voz amenazante, vulgar" dirigida hacia la población, al gobierno y a la figura del propio Maduro. Según sus palabras, la reacción del Estado busca ser "contundente" frente al incremento de la presión y las hostilidades percibidas desde territorio estadounidense.
Cabello, también citado por medios internacionales, indicó que la operación antidroga llevada a cabo estaría orientada a demostrar, según sus términos, que "cuando se quiere demostrar un hecho se hace una operación de este tipo, no se bombardea la embarcación", en clara referencia a la acción militar estadounidense contra las naves venezolanas.
El aumento de la presencia militar venezolana en la zona del Caribe, con participación de equipos avanzados y tropas especializadas, ha sido interpretado por Caracas como una respuesta directa a las recientes operaciones de fuerzas estadounidenses. Según difundió Europa Press, estos incidentes han intensificado la tensión tanto dentro del país como en la región, generando a la vez repercusiones en el Congreso estadounidense. Algunos legisladores de ese país han cuestionado la legalidad de las medidas tomadas por Washington, argumentando que los barcos venezolanos destruidos no constituían "objetivos militares" según las normas internacionales.
El contexto de creciente fricción entre Venezuela y Estados Unidos se ha caracterizado en las últimas semanas por intercambios de declaraciones y acciones sobre el control del tráfico ilícito y la seguridad en la zona caribeña. Según el ministro Cabello, la supuesta implicación de la DEA en operaciones clandestinas forma parte de una estrategia de presión y descrédito dirigida al gobierno venezolano. El político enfatizó que la última detención y decomiso de drogas constituye un "montaje" para justificar futuras acciones de mayor envergadura por parte de Estados Unidos, aunque no aportó evidencia pública adicional que sustente sus afirmaciones.
Además del impacto diplomático, la serie de incidentes ha suscitado manifestaciones dentro del Congreso estadounidense, donde algunos parlamentarios expresaron inquietud respecto al fundamento jurídico de los bombardeos ordenados sobre embarcaciones venezolanas. Europa Press consignó que estos debates han profundizado el clima de incertidumbre en las relaciones bilaterales y regionales.
Las maniobras militares lanzadas por el gobierno venezolano contemplan una amplia gama de capacidades operativas, enfocadas en la vigilancia aérea con drones, el patrullaje marítimo reforzado y la movilización de tropas terrestres capacitadas en operaciones especiales. El ejercicio involucra además fuerzas de Inteligencia y cuerpos de guerra electrónica, con el propósito declarado de fortalecer la soberanía nacional ante lo que las autoridades describen como "agresiones externas".
A lo largo de los últimos días, la retórica oficial venezolana ha centrado su mensaje en la denuncia del incremento de amenazas y en la legitimación de una respuesta armada y coordinada. Los altos cargos del Ejecutivo han insistido en que la movilización en la isla La Orchila y sus inmediaciones no constituye un episodio aislado, sino la continuación de una política de defensa ante posibles operaciones encubiertas promovidas por organismos extranjeros como la DEA.
El ejercicio "Caribe soberano 200" forma parte de un contexto de mayor militarización en el Caribe venezolano y refleja la postura del gobierno de Maduro ante lo que percibe como una presión internacional constante. Según las autoridades, la planificación y ejecución de este despliegue busca garantizar acciones "proporcionadas y estructuradas" frente a ataques o amenazas del exterior.
Las recientes muertes atribuidas a operaciones estadounidenses y la detención de individuos vinculados al tráfico de drogas han catalizado la tensión diplomática, generando posturas encontradas tanto en el plano local como internacional. Informó Europa Press que la expectativa alrededor del desenlace de estas maniobras militares y de los posibles movimientos diplomáticos estadounidenses mantiene a la región en estado de alerta.
