El representante demócrata Robert García expresó su preocupación en la Cámara de Representantes de Estados Unidos por el aumento de adolescentes afroamericanos detenidos en Washington D.C. y por las crecientes disparidades raciales que, según él, podría generar la nueva legislación. En palabras de García, “tratarlos como adultos es vergonzoso”, argumentando que los jóvenes de 14 años “son estudiantes de secundaria. Sus cerebros aún se están desarrollando”. Estas manifestaciones ocurrieron en el contexto del debate que llevó a la aprobación de una ley que permite que adolescentes de 14 años sean procesados como adultos cuando enfrentan cargos por crímenes violentos en la capital estadounidense, según informó el ‘Washington Post’.
De acuerdo con lo publicado por el ‘Washington Post’, la Cámara Baja aprobó una reforma que autoriza procesar a menores de 14 años como adultos por delitos graves, como asesinato o robo a mano armada, sin que sea necesario celebrar una vista judicial. Hasta ahora, este procedimiento solo se contemplaba para adolescentes de 16 años en adelante. Además de esta ley, la Cámara de Representantes aprobó otra normativa que reduce de 24 a 18 años el límite de edad hasta el que los jueces podían imponer penas más leves a jóvenes adultos. El medio estadounidense detalló que esta medida responde a recientes peticiones del presidente Donald Trump y de la fiscal federal de Washington D.C., Jeanine Pirro, quienes han defendido el endurecimiento de las penas para menores.
Según el ‘Washington Post’, la fiscal Pirro calificó de “absurdas” las leyes que hasta el momento otorgaban una segunda oportunidad a los jóvenes condenados o acusados de delitos, por considerar que las sentencias eran demasiado indulgentes. Por su parte, el representante republicano Byron Donalds señaló que le parecía inaceptable que “los adultos mayores de edad en el Distrito de Columbia pueden recibir sentencias destinadas a menores”, en referencia a las condenas atenuadas que permitía la normativa anterior. El nuevo proyecto de ley elimina esa posibilidad al limitar la Ley de Rehabilitación Juvenil del distrito únicamente a jóvenes de 18 años o menos, privando a los jueces de la facultad discrecional de imponer sanciones menos severas o alternativas a personas de entre 19 y 24 años.
En contraste, la representante demócrata Eleanor Holmes Norton aseguró que los republicanos interpretan de manera equivocada la Ley de Rehabilitación Juvenil. Según lo citado por el ‘Washington Post’, Norton aclaró que dicha legislación nunca incluyó a adultos dentro del sistema juvenil. La congresista subrayó que las afirmaciones de los legisladores republicanos acerca del alcance de la ley carecen de fundamento.
El debate sobre la legislación penal juvenil en Washington D.C. ha estado marcado por tensiones entre quienes solicitan sanciones más estrictas para los adolescentes y quienes advierten sobre las consecuencias sociales de tales políticas. El ‘Washington Post’ recordó que el Consejo Coordinador de Justicia Penal de Washington realizó un análisis en 2022, en el que constató que los jóvenes cuyas condenas se anularon al amparo de la ley de rehabilitación reincidieron en menor proporción en comparación con jóvenes que no gozaron de ese beneficio.
Pese a las diferentes posturas, el representante García enfatizó que el trasfondo del nuevo paquete legislativo no se vincula con la seguridad pública, sino con la transferencia del control judicial. “Se trata de quitarles la capacidad de decisión a los jueces y a los habitantes del Distrito de Columbia y, en su lugar, entregar el poder de los jueces a los políticos de esta sala que no viven aquí, no votan aquí y no responden ante los residentes del Distrito de Columbia”, declaró, según consignó el ‘Washington Post’.
La aprobación de estas medidas genera un fuerte debate nacional sobre la pertinencia de equiparar legalmente a los adolescentes de 14 años con adultos en los tribunales penales, así como sobre el impacto de las modificaciones en la rehabilitación y reincorporación social de los jóvenes en la capital federal. El ‘Washington Post’ reseñó que la discusión seguirá mientras persista la polarización sobre las políticas de justicia juvenil y su aplicación equitativa entre los distintos grupos sociales y raciales en la ciudad.
