La Cámara de Diputados de Brasil votó la extensión del aforamiento parlamentario a los presidentes de partidos políticos con representación en el Congreso, incluso si no ocupan escaños, en el marco de la discusión de la llamada “PEC de las prerrogativas”. El diario ‘Folha’ consignó esta ampliación, que generó debate entre los legisladores y forma parte de una iniciativa que modifica en profundidad el alcance de la inmunidad procesal de los miembros del Poder Legislativo federal. El asunto central gira en torno a la reciente aprobación, este martes, de la propuesta de enmienda constitucional (PEC) por una mayoría amplia en la Cámara de Diputados.
De acuerdo con información publicada por la propia Cámara de Diputados, el pleno avaló la enmienda en segunda vuelta con 344 votos a favor y 133 en contra, tras haber conseguido 353 votos favorables en la primera votación. El procedimiento de la primera ronda se realizó bajo voto secreto, una medida que contó con la oposición del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), formación desprendida del Partido de los Trabajadores (PT), el cual lidera el actual presidente Luis Inácio Lula da Silva.
El texto, tal como detalló el servicio informativo de la Cámara, establece que diputados y senadores quedarán protegidos ante la imposición de medidas cautelares personales o patrimoniales desde el momento de su elección hasta después de concluir su mandato, siempre que los procesos judiciales estén vinculados con el periodo en que ocuparon su cargo. El Tribunal Supremo será la única instancia habilitada para decidir sobre la aplicación de esas medidas, tanto en casos penales como civiles.
Un aspecto clave de la enmienda consiste en otorgar al Congreso la capacidad de suspender procesos penales iniciados por el Tribunal Supremo contra parlamentarios federales, mediante la exigencia de una autorización previa de la respectiva cámara legislativa. El mecanismo prevé que la cámara reciba la solicitud del Supremo y cuente con un plazo de 90 días para votar, nuevamente de forma secreta, si permite o no la continuación del proceso.
Según defendió Claudia Cajado, diputado proponente de la iniciativa, “las prerrogativas son, en realidad, garantías indispensables para la propia viabilidad institucional del Poder Legislativo, pilar fundamental del Estado Democrático de Derecho”. Cajado sostuvo también que estos mecanismos solo se suprimieron durante regímenes autoritarios y que representan una salvaguarda para que los parlamentarios puedan desempeñar sus funciones con independencia respecto a eventuales persecuciones políticas o citaciones judiciales.
El aforamiento parlamentario previsto en la propuesta amplía considerablemente el blindaje de los legisladores, superando el marco constitucional fijado en 1988 y que fue reemplazado en 2001 a raíz de movilizaciones sociales contra la impunidad. Según consignó la Cámara de Diputados, la norma vigente hasta ahora disponía que los diputados y senadores solo podían ser juzgados por el Tribunal Supremo Federal, eliminando algunos escudos judiciales previos para facilitar la rendición de cuentas.
La aprobación de la enmienda exigía el respaldo de al menos 308 de los 513 diputados federales, según explicó el presidente de la Cámara, Hugo Motta, quien además permitió la participación remota de legisladores. Esta modalidad, generalmente no habilitada los martes, se adoptó para asegurar el quórum exigido en la votación.
La propuesta sumó el respaldo de la mayoría de los partidos políticos representados en la cámara baja, con excepciones expresadas por el Partido de los Trabajadores (PT), el PSOL, el Partido Comunista, Rede y Novo. Todos estos bloques manifestaron sus discrepancias ante la posibilidad de que el nuevo marco normativo dificultara el avance de investigaciones o procesos judiciales dirigidos a parlamentarios y líderes de partidos.
Tras este paso, la PEC de las prerrogativas pasa ahora al Senado, que deberá examinarla y votarla. De lograr también el apoyo mayoritario en la cámara alta, la enmienda será promulgada directamente por el Congreso Nacional y entrará en vigor, sin requerir sanción o veto por parte del presidente de la República.
El debate generado por esta reforma constitucional plantea cuestionamientos sobre los límites entre la autonomía legislativa y la protección judicial, así como su impacto en la relación entre poderes y en la percepción pública de la transparencia y el control de posibles irregularidades. El desarrollo y la votación de la PEC, reportó el servicio informativo de la Cámara de Diputados, quedó marcado por la discusión sobre la necesidad de preservar la independencia de los legisladores, pero también por los cuestionamientos respecto a la posibilidad de obstaculizar la acción de la justicia frente a acusaciones de carácter penal o civil que involucren a representantes políticos.
