Hong Kong, 12 may (EFE).- Las autoridades de Hong Kong anunciaron este lunes su intención de completar la Ordenanza de Salvaguardia de la ley de seguridad nacional, aprobada hace un año, con una normativa subsidiaria que brindará un mayor respaldo a la oficina de Pekín encargada de supervisar estos asuntos en la ciudad.
Esta iniciativa refleja el compromiso de las autoridades hongkonesas de reforzar el marco legal, en un contexto de crecientes tensiones entre China y Estados Unidos, y se considera un paso preventivo para cerrar posibles lagunas en la protección de la seguridad nacional.
El artículo 55 de la ley estipula que la Oficina de Pekín para la Salvaguarda de la Seguridad Nacional debe ejercer jurisdicción sobre un caso en circunstancias específicas, como cuando la administración local no puede aplicar eficazmente la legislación, previa aprobación de una solicitud por parte del gobierno hongkonés o de la propia oficina.
La legislación propuesta obligará a todos los departamentos gubernamentales y funcionarios a brindar a la oficina de Pekín "toda asistencia necesaria y razonable", recogió el diario local South China Morning Post.
Además, se prohibirá a cualquier persona que sepa o sospeche que la oficina está investigando un caso revelar información relacionada sin justificación o autorización legal. Se establece la obligación de mantener la confidencialidad sobre los asuntos de la oficina.
La normativa también estipula que nadie podrá obtener, poseer o divulgar información a menos que haya sido publicada por la oficina o se haya otorgado autorización legal, reforzando así el control sobre la información en un entorno de creciente vigilancia.
La propuesta incluirá nuevos delitos dirigidos a quienes obstruyan el cumplimiento de las funciones de la oficina de seguridad nacional de Pekín en Hong Kong, así como a quienes colaboren con sus actividades.
Las infracciones a esta normativa podrían ser sancionadas con multas de hasta 500.000 dólares hongkoneses (unos 57.100 euros, 64.187 dólares estadounidenses) y penas de prisión de hasta siete años.
El gobierno de la excolonia británica aprobó en 2024 dicha ordenanza, en la que figuran una serie de crímenes que podrían acarrear una pena máxima de cadena perpetua, entre ellos la traición, insurrección, incitación a un miembro de las fuerzas armadas chinas a amotinarse, así como la connivencia con fuerzas externas con el fin de poner en peligro la seguridad nacional.
La reforma, que siguió a la imposición por parte de Pekín en 2020 de una Ley de Seguridad Nacional después de multitudinarias protestas antigubernamentales, ha sido objeto de feroces críticas por parte de gobiernos democráticos y organizaciones occidentales, que prevén el comienzo de una "nueva era de autoritarismo" que podría socavar el principio de 'un país, dos sistemas' vigente en la región semiautónoma. EFE