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París, 29 ene (EFE).- La defensa de la etarra Iratxe Sorzábal pidió este miércoles en París a la Justicia francesa que no autorice que la Audiencia Nacional la juzgue por el asesinato en 1996 del suboficial de la Ertzaina Montxo Doral, con el argumento de que su confesión de 2001 se hizo bajo la tortura.
"La Audiencia Nacional no investigará más esas denuncias de tortura", subrayó Xantiana Cachenaut ante la sala de instrucción del Tribunal de Apelación de París, que debe decidir si amplía a este caso la entrega de Sorzábal, que cumple condena en la cárcel de Zaballa (Álava) por otro caso para el que Francia ya dio luz verde para su entrega.
Cachenaut afirmó que las alegaciones de que Sorzábal fue torturada durante los cinco días que pasó en manos de la Guardia Civil en Madrid cuando fue arrestada en marzo de 2001 "tienen fundamento más allá de cualquier duda razonable".
Para justificarlo citó las fotografías filtradas a la prensa tomadas durante su hospitalización inmediatamente posterior a esos cinco días en que estuvo incomunicada, en las que se podían ver diferentes heridas que ella atribuyó al maltrato sufrido bajo arresto.
Fue entonces cuando Sorzábal confesó que había participado en la colocación de una bomba lapa bajo el asiento del conductor del automóvil de Doral que acabó con la vida de este suboficial de la Ertzaina en Irún el 4 de marzo de 1996.
Sin embargo, posteriormente se desdijo de esas declaraciones autoinculpatorias y denunció que había sido torturada.
La letrada también se refirió hoy al peritaje que autorizó la Justicia francesa, a solicitud suya, en 2016 en aplicación del llamado Protocolo de Estambul y que concluyó que había una "fuerte probabilidad" de que esas alegaciones de tortura fueran ciertas.
Para poner en evidencia que la Justicia española no había dado credibilidad a las primeras confesiones de su clienta en las que había reconocido su implicación en "no menos de una decena de atentados", Cachenaut indicó que "de forma milagrosa" quedó en libertad en septiembre de 2001 sin ser imputada.
Sorzábal, que había cumplido una primera pena en Francia a finales de los años 1990 por su actividad en ETA, fue entregada en 2001 a España pese a que intentó evitarlo con una huelga de hambre que justificó por el riesgo que decía sufrir a ser maltratada por las fuerzas del orden españolas.
Una vez en libertad en septiembre de 2001, volvió a integrarse en ETA y fue capturada de nuevo en 2015 en Francia.
La Audiencia Nacional de Madrid ha lanzado contra ella desde entonces cinco euroórdenes para juzgarla en otras tantas causas y los tribunales franceses han dado luz verde en tres de las cuatro tramitadas hasta ahora, mientras que rechazó una en 2020.
Su entrega se formalizó en 2020, lo que permitió que fuera juzgada y condenada en España en 2022.
La quinta, la que se examina ahora en el Tribunal de Apelación de París, se asienta en la decisión de enero de 2024 por el caso Doral de la Audiencia Nacional, que ordenó su procesamiento por los delitos de pertenencia a banda armada, asesinato terrorista y estragos.
Por cada uno de estos dos últimos delitos podría ser condenada a una pena de 20 años, si fuera declarada culpable.
Ese procesamiento se hizo a petición de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y pese a que el juez instructor había decidido en 2023 el cierre del sumario y la Fiscalía había solicitado el archivo al considerar que no había suficientes indicios que permitiesen dirigir la acusación.
Sin embargo, la Audiencia Nacional estimó que la "cantada" (informe) que hizo Sorzábal para el uso interno de ETA y que se encontró en un zulo de la banda en Castres aportaba "indicios suficientes" de su participación en el asesinato de Doral.
Cachenaut resaltó hoy que en ese documento su clienta detallaba de forma pormenorizada a la banda lo que había dicho durante su arresto en marzo de 2001 y a continuación las condiciones en que habló, es decir los presuntos malos tratos que había sufrido.
La letrada insistió en que el relato de la supuesta tortura, que a su juicio invalida la parte de la confesión, no aparece en los documentos que la Justicia española envió en su euroorden.
La Fiscalía instó hoy a la sala de instrucción a que pida a la Audiencia Nacional un complemento de información para saber si hay otros elementos inculpatorios contra Sorzábal aparte de la controvertida "cantada". La decisión se hará pública el próximo 19 de marzo.
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