San Salvador, 28 ene (EFE).- Organizaciones de la sociedad civil de El Salvador solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas "urgentes" e "inmediatas" para cinco líderes comunitarios de una remota localidad de la zona rural que están siendo procesados por supuestamente asesinar a una mujer en el contexto de la guerra civil.
La solicitud, enviada por correspondencia, fue realizada el lunes y las ONG piden "protección para la vida e integridad de los activistas, y para salud", indicó este martes a EFE el abogado Alejando Díaz, de la organización Tutela Legal 'María Julia Hernández.
Díaz también detalló en una conferencia de prensa en San Salvador que se ha enviado un escrito con "información adicional y actualizada" sobre el caso de los líderes comunitarios que también realizaron en su comunidad una labor de ambientalistas.
Los ambientalistas procesados son Miguel Gámez, Alejandro Laínez, Pedro Rivas, Teodoro Pachecho y Saúl Rivas, habitantes de la comunidad Santa Marta, del departamento salvadoreño de Cabañas (norte), que fue una de las que impulsó la prohibición de la minería metálica en el país en 2017.
Una corte de apelaciones revirtió el fallo que sobreseyó la causa penal contra los activistas, procesados desde enero de 2023 por acusaciones de asesinato, privación de libertad y agrupaciones ilícitas, que fue emitido el 18 de octubre de 2024 por el Juzgado de Sentencia de la localidad de Sensuntepeque (noreste) y ordenó un nuevo juicio por los mismos delitos.
El abogado expuso que "a los procesados se les ha construido un proceso judicial sin pruebas y evidencias científicas, que tiene como trasfondo el silenciar la oposición de los salvadoreños a la minería metálica y a las próximas actividades mineras del actual gobierno".
Señaló que a los líderes comunitarios "se les juzgará nuevamente por el mismo caso, lo cual constituye una violación flagrante de los más elementales principios del debido proceso".
La organización Tutela Legal denunció ante la CIDH este caso con un escrito presentado en junio de 2023.
Entre tanto, Peter Nataren, de la comunidad Santa Marta, señaló en la misma conferencia de prensa que esperan que la CIDH "ahora pueda dar más seguimiento", ya que "estamos pidiendo seguimiento más serio al proceso y que se pida información al Estado salvadoreño sobre cómo se está manejando este proceso".
"Ahora nadie duda de que la intención que estaba detrás de las detenciones de ellos (de los ambientalistas) en el 2023 era porque sí teníamos información de que van a explotar nuestros recursos en el departamento de Cabañas", dijo.
El 18 de octubre del año pasado, el juzgado de Sensuntepeque dictó un sobreseimiento definitivo al declarar extinta la acción penal por los cargos de asesinato y asociaciones ilícitas por un supuesto homicidio cometido en el marco de la guerra civil salvadoreña (1980-1992).
La Fiscalía General señaló en su momento que "todos los procesados" son excombatientes de la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y los acusó del asesinato de María Inés Alvarenga Leiva, el 22 de agosto de 1989, sin que haya dado mayores detalles del caso, puesto bajo reserva.
La denuncia del caso ante la CIDH fue presentada por Tutela Legal con el acompañamiento de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) y de la Asociación de Desarrollo Económico Social de Santa Marta (ADES). EFE
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