Jerusalén, 28 ene (EFE).- Está previsto que este jueves el Gobierno israelí prohíba a los empleados de la principal entidad de ayuda en Gaza, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA), operar en Israel y permanecer en su sede de Jerusalén Este.
La Knéset (Parlamento israelí) vetó por ley en octubre las actividades de esta agencia -tras alegar que una docena de sus 33.000 empleados participaron en los ataques de Hamás- y aprobó una política de 'no contacto' con cualquier entidad gubernamental; pese a la inmunidad legal que protege a la UNRWA según la Carta de las Naciones Unidas (de la que Israel es signatario).
Estas son algunas claves de qué es la UNRWA, las primeras consecuencias del veto israelí y las dificultades que, desde hace años, afronta esta agencia que hoy sirve a cerca de seis millones de refugiados palestinos -contando sus descendientes- en Líbano, Siria, Jordania, Cisjordania y Gaza.
LA UNRWA fue creada por la Asamblea General de la ONU en 1949, un año después de la guerra que siguió a la creación del Estado hebreo y que causó el desplazamiento de unos 750.000 palestinos de sus aldeas, muchas destruidas y que hoy son territorio israelí.
El mandato de la agencia es el de dar "ayuda directa a cualquier persona cuyo lugar de residencia fue Palestina entre el 1 junio de 1946 y el 15 de mayo de 1948, y que perdieron tanto su hogar como sus medios de subsistencia a consecuencia del conflicto de 1948", detalla su misión, por lo que brindan educación primaria, sanidad y otros servicios sociales a los palestinos con estatus de refugiado.
La sede la UNRWA en Jerusalén Este, costado ocupado y anexionado de forma unilateral por Israel, cobijaba ya apenas a un centenar de trabajadores, después de que Israel no facilitara -tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023- a 400 empleados palestinos el permiso necesario para cruzar los puestos de control militares que separan Jerusalén de sus lugares de residencia en Cisjordania ocupada.
Entre los planes de Israel se encuentra el de construir un bloque 1.400 viviendas para israelíes en este terreno que pretenden confiscar, según ha expresado públicamente en varias ocasiones la Autoridad de Tierras de Israel (ILA).
Mañana miércoles caducan los visados de trabajo de alrededor de un medio centenar de empleados extranjeros ubicados en Jerusalén Este, confirmaron a EFE fuentes de esta agencia, lo que afectará a puestos de la sede como de sus oficinas a lo largo de Cisjordania ocupada.
Junto a este personal, los departamentos en los que trabajan -entre ellos- el de Relaciones Exteriores y Comunicaciones (encargado de movilizar financiación del pública y privada) y el de Asuntos Jurídicos, serán relocados a la otra gran sede de la UNRWA en Amán, Jordania.
Esto dificultará, según una fuente de la entidad bajo anonimato, la comunicación directa con los representantes de la UNRWA de los países donantes, muchos de ellos asentados en Jerusalén.
La UNRWA -en uno de sus momentos de máxima necesidad tras la guerra en Gaza- acarrea desde hace años una reducción importante de fondos. El presidente de EE.UU., Donald Trump, abandonó en junio de 2018 el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, junto a sus obligaciones financieras, y unos meses después cortó su financiación a la UNRWA - que equivalía a alrededor de un tercio de su presupuesto anual de unos 1.100 millones de dólares.
En enero de 2024, Estados Unidos, junto a más de una docena de países, congelaron su financiación después de que Israel acusara a 12 de los 13.000 empleados de la UNRWA en Gaza de haber participado en el mortal ataque de Hamas del 7 de octubre, y en marzo, un proyecto de ley firmado por el expresidente Joe Biden hizo permanente esta pausa. Hace tan solo una semana, Trump firmó una orden ejecutiva suspendiendo todos los programas de asistencia exterior, al menos, durante 90 días.
Debido a la política de 'no contacto', la UNRWA tiene muy difícil continuar sus servicios en Cisjordania, pero también la entrada de miles de camiones con ayuda humanitara en la Franja -donde hasta ahora alimentaban a un millón de gazatíes-, y cuyo movimiento debe ser coordinado en antelación el Ejército israelí.
Además, la agencia teme no poder pagar a sus cerca de 13.000 empleados en Gaza, según la misma fuente; unos 5.000 de los cuales no han trabajado este año debido a la guerra y a que muchos de sus colegios se convirtieron en refugios para desplazados.
Patricia Martínez Sastre
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