Túnez, 24 ene (EFE).- La Corte de Apelaciones de Túnez decidió este viernes reducir de dos a un año y medio de prisión la condena para la abogada Sonia Dahmani tras sus declaraciones públicas contra el racismo en su país, confirmó a EFE su hermano Mehdi, que adelantó que volverán a apelar la sentencia.
"Este fallo, pese a las pruebas contundentes, es un escándalo y constituye un asesinato de la Justicia en Túnez", declaró a EFE su abogado Anas Kaddoussi sobre el mantenimiento de la condena, pese a la reducción, en virtud del polémico artículo 54 relativo a la "difusión de información falsa e incitación al odio".
Dahmani fue detenida en mayo y condenada en octubre de 2024 a dos años de prisión por este decreto ley originalmente destinado a combatir los cibercrímenes, pero que ha sido denunciado por su "redacción ambigua y su utilización para restringir libertades fundamentales".
Según datos de la asociación Intersection para los Derechos y Libertades, entre septiembre de 2022 y diciembre de 2024 se registraron al menos 60 casos de procesamientos judiciales por esta ley, que afectaron a políticos, periodistas, blogueros y activistas.
Dahmani había denunciado públicamente en una intervención en la radio IFM actos de racismo contra personas negras en Túnez.
Según su defensa, sus declaraciones estaban basadas en informes y documentos que "subrayaban la urgencia de abordar esta discriminación", sobre la que ONGs alertaron tras las declaraciones en 2023 del presidente tunecino, Kais Said, que aludió a una amenaza demográfica de la identidad "arabo-musulmana".
"Su llamado a combatir estas injusticias fue legítimo, pero ha sido injustamente criminalizado", consideró Kaddoussi.
Durante la audiencia del pasado 10 de enero, el equipo de defensa argumentó que las declaraciones de Dahmani estaban protegidas por el derecho a la libertad de expresión, garantizado por la Constitución tunecina y por tratados internacionales.
El Sindicato Nacional de Periodistas Tunecinos (SNJT) exigió la derogación inmediata del decreto ley que entiende "criminaliza" la profesión periodística y el respeto del decreto 115, que garantiza la libertad de prensa.
Asimismo, solicitó la liberación de periodistas encarcelados y el cese de los procesos judiciales que obstaculizan su labor. EFE
