París, 21 ene (EFE).- El Supremo francés confirmó este martes la condena a varios exdirigentes de France Télécom (actual Orange) por acoso institucional dentro del operador francés, que puso en marcha una política de reestructuración agresiva que condujo al suicidio de varios de sus empleados.
La máxima instancia judicial francesa convirtió en definitiva la condena a un año de cárcel exento de cumplimiento y 15.000 euros de multa al que fue el consejero delegado del grupo, Didier Lombard, y a su 'número dos', Louis-Pierre Wenès, y penas inferiores para otros dos ejecutivos.
La clave de la sentencia es que de forma definitiva sienta jurisprudencia sobre el concepto de acoso institucional, que permite así condenar conductas empresariales agresivas para obtener algo de sus empleados.
Los hechos tuvieron lugar entre 2007 y 2010, cuando en medio de una reestructuración del grupo privatizado tres años antes, las medidas lanzadas por la dirección para recortar la plantilla y conseguir una mayor movilidad provocaron, al menos, 19 suicidios.
La Justicia reconoció también como víctimas de ese acoso a otros 20 trabajadores.
Denunciados por un sindicato, los dirigentes fueron sentenciados en primera instancia en diciembre de 2019 a un año de prisión, de los cuales ocho meses exentos de cumplimiento, salvo en caso de reincidencia. Esa pena quedó reducida en apelación, en septiembre de 2022, a un año de cárcel exenta cumplimiento y eso ha sido ahora confirmado por el Supremo.
En su dictamen, sus jueces rechazan los argumentos de los ejecutivos, que alegaban que no se puede evaluar en los tribunales una política empresarial, y que además aseguraban desconocer los efectos que estaban teniendo sus medidas en algunos de sus empleados.
Su objetivo era recortar 22.000 empleos de su plantilla de 120.000 trabajadores y conseguir que otros 10.000 mutaran de puesto.
Las primeras denuncias llegaron en 2009 y provocaron una gran reacción en el país.
Lombard había asegurado que los despidos se harían "por la puerta o por la ventana" y, en medio de la crisis, habló de una "moda de suicidios", palabras que generaron gran polémica.
Sin entrar en la estrategia de los dirigentes, el Supremo considera que el objetivo era "deteriorar las condiciones de trabajo de todos o parte de los trabajadores" para "conseguir ciertos objetivos", lo que a su juicio constituye un "acoso laboral institucional". EFE
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