Un grupo de tres expertos independientes de Naciones Unidas ha alertado este viernes de los riesgos a los que se expone la educación superior en Nicaragua como consecuencia de las constantes "violaciones de derechos que ha sancionado el Gobierno contra el sector universitario".
"El Gobierno de Nicaragua ha atacado directamente a las universidades como parte de una campaña represiva generalizada, eliminando su autonomía y convirtiéndolas en centros de control político ", ha denunciado el presidente de este grupo designado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Jan Simon.
Esta "erosión de la libertad y la soberanía académica" está desencadenada en gran medida por los actos de violencia física psicológica cometidos "tanto contra estudiantes como contra profesores" por las autoridades del país, "incluidas amenazas de intimidación, palizas y confinamiento solitario prolongado".
En este contexto, han sido al menos 37 las universidades e instituciones de educación superior a las que se les ha retirado su personalidad jurídica mediante sanciones administrativas entre 2021 y 2024. La mayoría de ellas, señala el informe presentado por estos expertos, "conocidas por apoyar movimientos sociales".
Estos cierres "son parte de una estrategia más amplia para prevenir la oposición organizada y restringir la libertad académica", han agregado. Asimismo, "cientos de estudiantes y profesores" despedidos o expulsados de manera "arbitraria (...) por sus creencias políticas", aunque las cifras reales se desconocen "debido a la censura gubernamental y las restricciones de datos".
Así las cosas, el grupo ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional para que presione al Estado nicaragüense a "restablecer la autonomía universitaria y garantizar la seguridad y la libertad de expresión en el ámbito académico", pues la situación actual no solo "restringe" el progreso educativo, "sino también (las) oportunidades futuras de empleo".
"La comunidad académica merece espacios seguros y libres para expresar sus ideas y contribuir al desarrollo social del país, y estos derechos deben ser restituidos urgentemente. Con estas acciones el Gobierno está poniendo en riesgo el futuro del país", ha concluido Simon.
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