La Policía Nacional y la Guardia Civil, en una operación conjunta con la Policía Nacional colombiana y la ayuda de Interpol, han desarticulado una organización criminal colombiana asentada en España que se dedicaba al tráfico de personas con fines de explotación sexual, y en la que han sido liberadas 18 víctimas.
Según han explicado ambos cuerpos policiales en un comunicado, el entramado criminal operaba entre la provincia de Badajoz y la isla de Lanzarote e imponía a las víctimas (principalmente de origen colombiano) una deuda de hasta 3.400 euros, reteniendo su documentación personal hasta que la abonaran. Estas mujeres eran captadas en su país de origen para ser explotadas sexualmente en España.
Los agentes han llevado a cabo seis entradas y registros, tres en la localidad de Almendralejo (Badajoz) y otras tres en la localidad de Arrecife (Lanzarote), y se han intervenido más de 30.000 euros en efectivo, 32 dosis de cocaína, más de 130 pastillas para la disfunción eréctil, seis teléfonos móviles, y diversa documentación y material informático relacionada con la investigación.
A los detenidos, 11 en Extremadura y 7 en Canarias, de los cuales seis han ingresado ya en prisión, se les imputan los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, prostitución coactiva, tráfico de estupefacientes, distribución de medicamentos, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, así como delito contra el derecho de los trabajadores y pertenencia a organización criminal.
La investigación policial se inició tras la declaración de una de las víctimas, que alertó de que estaba siendo abusada por un clan familiar, establecido entre Extremadura y Canarias. Tras esa denuncia, los agentes localizaron una casa-club en Almendralejo y otro club en Lanzarote, donde prostituían a las 18 mujeres.
LES OFRECÍAN UNA VIDA MEJOR EN ESPAÑA
Los criminales captaban a las víctimas principalmente en Colombia atendiendo a criterios de pobreza, necesidad y especial vulnerabilidad, debido a la carencia de trabajo e ingresos en su correspondiente país, y les ofrecían una vida mejor en España para cubrir sus necesidades personales y familiares.
Después eran trasladadas en avión, con todos los gastos cubiertos por la organización: el traslado, la tramitación del pasaporte, la compra de billetes, el suministro de una cantidad de dinero en concepto de viático (en torno a 1.000 euros) y los trámites para el cruce de fronteras. A cambio, las victimas asumían una deuda económica que podía ascender hasta los 3.400 euros, retirándoles su documentación personal hasta que ésta quedara saldada.
Una vez en España las mujeres eran desplazadas directamente al club de Lanzarote o llevadas desde el aeropuerto de Madrid hasta la casa-club en la provincia de Badajoz, donde eran sometidas al ejercicio de la prostitución. Los explotadores también acostumbraban a intercambiar las mujeres entre los diferentes locales y pisos de los que disponían en la capital pacense y la isla canaria.
LES HACÍAN ESTAR DISPONIBLES LAS 24 HORAS DEL DÍA
Según el escrito de la Policía, las víctimas manifestaron que tenían la obligación de estar disponibles las 24 horas del día, teniendo como máximo una o dos horas libres y siendo penalizadas económicamente si no lo cumplían.
Además, eran obligadas a pedir a los clientes que las invitaran a las consumiciones y a ofrecerles sustancias estupefacientes y medicamentos, estando permanentemente vigiladas por cámaras de seguridad ubicadas en las zonas comunes donde se grababa todo lo que ocurría en la vivienda.
La operación ha culminado con la liberación de 18 víctimas de explotación sexual, 11 en la localidad de Almendralejo (Badajoz) y siete en Arrecife (Lanzarote) y con la detención de 18 personas, de los cuales seis ya han ingresado en prisión.
En el dispositivo desplegado han participado agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil, miembros de la OIPC-Interpol e investigadores de la Policía Nacional Colombiana. Se ha contado además con el apoyo y soporte de ONG 'OUR RESCUE', dedicada a la lucha contra la trata de seres humanos y explotación infantil con la que la Fundación Policía Española mantiene un acuerdo de colaboración.
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