San Salvador, 3 oct (EFE).- La organización humanitaria Cristosal denunció este jueves la "instrumentalización de la justicia transicional" en el caso que enfrentan cinco lideres ambientales y exigió "imparcialidad" en el caso.
Se trata de cinco líderes y activistas medioambientales de la Asociación de Desarrollo Económico Social de Santa Marta (ADES), además de otra persona, acusados por la Fiscalía General de supuestamente asesinar a una mujer en el contexto de la guerra civil (1980-1992).
De acuerdo con Cristosal, "contrasta con la celeridad en el caso ADES-Santa Marta" con otros casos, dado que "la impunidad sigue siendo una constante, con crímenes graves como las masacres de Santa Marta y la paralización del juicio por la masacre de El Mozote".
"Cristosal expresa su preocupación por las violaciones al debido proceso, incluida la falta de seriedad en la investigación fiscal y las restricciones a la libertad que han puesto en riesgo su salud e integridad", señaló en un comunicado.
La organización detalló que los ambientalistas "sufrieron ocho meses de incomunicación absoluta y posterior arresto domiciliario", y que "esta situación ha sido condenada por la relatora Especial sobre Defensores de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Mary Lawlor, solicitó su libertad.
"Cristosal reitera su llamado a las autoridades para que la justicia prevalezca sin sesgos ni manipulaciones políticas. Solo con procesos justos y transparentes se podrá garantizar el respeto a los derechos humanos y la justicia tanto para los ambientalistas como para las víctimas de las atrocidades del pasado conflicto armado", subrayó.
También mostró preocupación por "el posible interés del Gobierno en reactivar la minería metálica, prohibida desde 2017", dado que los ambientalistas y la ADES fueron parte del movimiento que llevó a esa prohibición.
Los detenidos son Miguel Gámez, Alejandro Laínez, Pedro Rivas, Teodoro Pachecho y Saúl Rivas, quienes, junto a Fidel Recinos -que no pertenece a dicha comunidad-, son procesados desde enero de 2023 por acusaciones de asesinato, privación de libertad y agrupaciones ilícitas.
Este caso también ha sido llevado por la organización Tutela Legal María Julia Hernández ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
De acuerdo con Alejandro Díaz, abogado de Tutela Legal, la denuncia fue interpuesta a finales de julio y la CIDH dio al Estado salvadoreño hasta el 14 de agosto de 2023 para responder a un requerimiento de información sobre el caso, sin que se conozca si hubo respuesta oficial. EFE
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