Quito, 27 sep (EFE).- Organizaciones feministas criticaron este viernes que la Fiscalía de Ecuador no acuse a los seis militares procesados por el supuesto feminicidio de la subteniente Aidita Ati dentro de un cuartel militar, mientras que el Ministerio Público señaló, por su parte, que ha trasladado el expediente a la fiscalía provincial de Orellana, donde ocurrieron los hechos.
Ati apareció muerta el pasado 29 de junio en el cuartel Fuerte Militar Napo, en la provincia amazónica de Orellana (este), y mientras un primer informe forense señaló una agresión sexual, una segunda autopsia, previa exhumación del cuerpo a pedido de la defensa, atribuyó la muerte a un edema popular, lo que es rechazado por la familia de la víctima.
El Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de las Mujeres (Cepam) de Guayaquil aseguró este viernes en un comunicado que la Fiscalía se ha abstenido hasta el momento de acusar a los militares imputados en el caso, lo que a su juicio "contribuye a un clima de impunidad que fomenta la violencia contra las mujeres y aleja a las víctimas de un sistema de justicia que no brinda garantías y genera desconfianza".
Esta organización señaló al Ministerio Público por no haber tenido presuntamente en cuenta el primer informe médico donde se apuntaba a una agresión sexual.
"Ignorar pruebas clave como el informe médico contribuye a perpetuar un clima de impunidad. Esta impunidad alimenta la violencia femicida, creando un ciclo en el que las víctimas se sienten desprotegidas y desmotivadas para buscar justicia", señaló en redes sociales el Cepam.
Para este Centro, "la actuación de la Fiscalía también erosiona la confianza en el sistema judicial". "Cuando las instituciones estatales fallan en su deber de proteger y servir, las víctimas y sus familias se alejan, lo que lleva a una sociedad más vulnerable a la violencia", añadió.
En ese sentido, la organización feminista exigió celeridad, justicia y reparación en los casos de violencia de género.
Por su parte, la Fiscalía de Ecuador anunció este viernes en un comunicado a través de sus canales oficiales que "la causa ha sido elevada a consulta al fiscal provincial de Orellana, para que revise el caso y se pronuncie al respecto en el plazo de 30 días, según dicta la norma".
El Ministerio Público recordó que la Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres dispone que la información sobre investigaciones por posible violencia contra la mujer debe mantenerse bajo reserva, con el fin de salvaguardar los derechos de las víctimas y evitar la revictimización.
En ese sentido, mencionó que durante el proceso ha gestionado con transparencia y ha brindado el acceso a todas las diligencias y sus resultados a los sujetos procesales, incluidos los familiares de la víctima. EFE
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