Un nuncio, tres obispos y 136 sacerdotes han sido expulsados de Nicaragua, según informe

San José, 16 ago (EFE).- El nuncio apostólico en Managua, monseñor Waldemar Stanislaw Sommertag, los obispos nicaragüienses Silvio Báez, Rolando Álvarez e Isidoro Mora y 136 sacerdotes de las diferentes diócesis de Nicaragua han sido expulsados del país o han sido obligados al exilio, según un estudio divulgado este viernes.

 La V entrega del estudio 'Nicaragua: ¿Una Iglesia perseguida?', de la investigadora nicaragüense exiliada Martha Patricia Molina, indica que 245 religiosos han sido obligados al exilio o han sido expulsados de Nicaragua desde que estalló la crisis social y política en abril de 2018.

De esos 245 religiosos, uno es nuncio, tres son obispos, 136 son sacerdotes pertenecientes a diferentes diócesis de Nicaragua, tres son diáconos, once son seminaristas, y 91 religiosas o monjas, detalló el informe.

De ellos, 19 religiosos nicaragüenses, entre ellos el obispo excarcelado Rolando Álvarez y el obispo exiliado Silvio Báez, y otros 14 sacerdotes, han sido declarados "traidores a la patria" y despojados de su nacionalidad.

Esas agresiones forman parte de los 879 ataques que ha sufrido la Iglesia católica de Nicaragua por parte del Gobierno que preside Daniel Ortega con su esposa Rosario Murillo, desde abril de 2018 al primer semestre de 2024, según el estudio.

"Debido a los ataques permanentes de la dictadura en contra de los clérigos, las diócesis de Matagalpa, Estelí (ambas en el norte) y Siuna (en el Caribe) se encuentran sin presencia física de sus obispos porque fueron desterrados ilegalmente", anotó la investigadora.

La Arquidiócesis de Managua, que preside el cardenal Leopoldo Brenes, es la que más ataques ha recibido (294) por parte de las autoridades y esto se debe a que es la jurisdicción más grande, porque aglutina los departamentos de Managua, Masaya y Carazo, explicó Molina.

En segundo lugar se encuentra la Diócesis de Matagalpa, con 162 agresiones; seguida por las Diócesis de Estelí (72). Ambas son dirigidas y administradas ahora desde el exilio por el obispo Álvarez.

Asimismo, según el estudio, 19 propiedades pertenecientes a la Iglesia católica han sido "confiscadas" por el Estado de Nicaragua, pese a que el artículo 44 de la Constitución Política prohíbe la confiscación de bienes.

El estudio, dividido en cinco capítulos, también detalla la prohibición de 9.688 procesiones y actividades religiosas desde el 2019 a julio 2024.

Según el estudio, en 2018 se documentaron 92 hostilidades contra la Iglesia, 88 en 2019, 64 en 2020, 56 en 2021, 171 en 2022, 307 en 2023, y 92 en el primer semestre de 2024.

Entre los tipos de ataques registrados, la investigadora mencionó asedios, represiones a religiosos, impedimentos de ingresar a templos, cierre de ONG y medios de comunicación católicos, prohibiciones de las actividades religiosas, pintadas y mensajes de odio, robo y profanaciones y represiones a laicos, entre otros.

 Las relaciones del Gobierno de Ortega y la Iglesia católica viven momentos de gran tensión, caracterizadas por la expulsión y encarcelamiento de sacerdotes, la prohibición de actividades religiosas y la suspensión de las relaciones diplomáticas entre ambas partes.