Ciudad de Guatemala, 14 dic (EFE).- El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, tomará posesión justo dentro de un mes, el 14 de enero próximo, pero antes tendrá que encarar los embates finales del Ministerio Público (Fiscalía), una entidad estatal que desde julio intenta evitar su investidura.
La Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE) y Estados Unidos han volcado en los últimos días su apoyo a Arévalo de León y al pueblo guatemalteco en busca de una transición ordenada de cara a la toma de posesión en enero.
Mientras tanto, la Fiscalía, cuya cúpula está sancionada por Estados Unidos bajo acusaciones de corrupción, se mantiene firme en sus intentos por derribar los resultados electorales, tras afirmar el pasado 8 de diciembre en una rueda de prensa que los comicios deben ser anulados.
La decisión, sin embargo, recae en el Tribunal Supremo Electoral, que ha certificado oficialmente los resultados pero que dejó abierta la posibilidad de una anulación en caso de que así lo decidiera la Corte de Constitucionalidad, el máximo tribunal del país.
"Estamos a un mes de que inicie la nueva primavera. Un grupito de corruptos con intenciones golpistas han querido evitarlo, pero no lo lograron porque la voluntad del pueblo es más fuerte", aseguró este jueves el diputado electo David Illescas, del Movimiento Semilla, el mismo que lleva a la presidencia a Arévalo de León.
Illescas es uno de los diputados más jóvenes en la historia del Congreso guatemalteco y formará parte de la bancada Semilla junto a otros 22 legisladores, la tercera más grande para el período 2024-2028.
Según analistas, todo apunta a que la Fiscalía guatemalteca continuará la persecución judicial en contra de Arévalo de León, el Movimiento Semilla y el Tribunal Supremo Electoral, tal y como sucede desde julio.
Dicha persecución arrancó después de que Arévalo de León obtuviera sorpresivamente el segundo lugar en las elecciones generales de junio y se acrecentó tras su victoria en el balotaje en agosto pasado.
La Fiscalía pretende investigar a Arévalo de León por tres supuestos casos que el presidente electo ha calificado como falsos.
"La Fiscalía no tiene credibilidad y se dedica a mentir", expuso el 9 de diciembre Arévalo de León, quien describió las acusaciones en su contra como "absurdas" y "ridículas".
De acuerdo a la Fiscalía, Arévalo de León cometió delitos por supuestas firmas falsas en la formación del partido en 2018, además de lavado de dinero por menos de 40.000 dólares en su campaña y dañar patrimonio estatal.
El mismo mandatario electo ya había advertido desde el 1 de septiembre pasado que la jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, lleva a cabo un "golpe de Estado" en su contra junto a "otros actores corruptos".
En medio de la crisis, Estados Unidos ha reforzado su atención al país: solo en los últimos 45 días aterrizaron en Guatemala cuatro comitivas distintas con altos funcionarios y senadores para reunirse con Arévalo de León y otros actores.
De igual forma, la nación que preside Joe Biden sancionó la semana pasada con el retiro de su visado a más de 100 diputados del Congreso por remover el 1 de septiembre la inmunidad a varios magistrados electorales. Las prohibiciones de ir a EE.UU. también han abarcado a la élite empresarial del país centroamericano.
Arévalo de León debe ser investido el próximo 14 de enero en reemplazo del actual mandatario, Alejandro Giammattei, quien ha asegurado en varias ocasiones que no se encuentra detrás de los ataques contra el presidente electo.
José Carlos Móvil
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