Quito, 20 nov (EFE).- Grupos de derechos humanos de Ecuador pidieron este lunes a la Justicia que levante las restricciones contra el informático sueco Ola Bini, amigo del fundador de WikiLeaks, el australiano Julian Assange, ya que un tribunal desistió en enero pasado de enjuiciarlo por un cargo de espionaje que se diluyó.
La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) indicó en un comunicado que Bini sigue a la espera de que se levanten las medidas cautelares que le habían sido impuestas durante el proceso y que incluyen el congelamiento de sus cuentas bancarias y la prohibición para que salga del país.
Inredh señaló que el informático sueco aún acude a la Fiscalía en Quito para certificar su presencia en el país, debido a que el Ministerio Público apeló el fallo del tribunal que le declaró inocente en un caso de presunto ingreso no autorizado a sistemas informáticos de entidades públicas.
Según la fuente, la defensa de Bini ha pedido que, independientemente del proceso de apelación, se cumpla de inmediato con la resolución del tribunal judicial que le declaró inocente y se levanten todas las medidas cautelares.
Y es que, según Inredh, por esa razón Bini aún acude a las instalaciones de la Fiscalía, aunque no se le ha permitido el acceso en últimas oportunidades con el argumento, según autoridades de esa dependencia, que "queda sobreentendido que ya no necesita presentarse".
La defensa de Bini aseguró que el juez de la causa no ha confirmado aún la versión de la Fiscalía.
"Hacemos un llamado a que las autoridades ecuatorianas correspondientes aclaren el estado procesal de Bini y su obligación o no de presentarse periódicamente ante la Fiscalía General del Estado", indicó Inredh en su escrito.
Aseguró que mantener activas las medidas cautelares "constituye una nueva vulneración a sus derechos elementales y pone nuevamente en alerta a la sociedad civil sobre la legalidad y legitimidad de un proceso ampliamente cuestionado".
El informático sueco fue detenido en 2019 luego de una acusación formulada por la entonces ministra de Gobierno, María Paula Romo, de haber presuntamente participado en actividades que pretendían desestabilizar al Ejecutivo de entonces.
Sin embargo, esas acusaciones no prosperaron por falta de pruebas y finalmente Bini fue acusado de un delito por acceso ilegal a sistemas informáticos.
Bini, de 41 años, fue arrestado el 11 de abril de 2019 cuando se disponía a abandonar Quito con destino a Japón, unas horas después de que el Gobierno de Ecuador, presidido entonces por Lenín Moreno (2017-2021), pusiera fin al asilo de Assange en su embajada en Londres.
La Fiscalía ecuatoriana sospechaba que el sueco había accedido sin autorización al sistema de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) con el objetivo de intentar obtener información del contenido digital de las plataformas de la petrolera Petroecuador y de la antigua Secretaría Nacional de Inteligencia.
No obstante, la defensa de Bini criticó la acción fiscal y denunció una serie de irregularidades en el proceso que fue suspendido en repetidas ocasiones.
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