WELLINGTON, Nueva Zelanda (AP) — El primer brote de COVID-19 en Micronesia creció en una semana hasta superar los 1.000 casos el martes, inquietando a la población de la nación insular del Pacífico.
La semana pasada, Micronesia se convirtió probablemente en la última nación del mundo con una población de más de 100.000 habitantes en experimentar un brote de la enfermedad, después de haberla evitado durante dos años y medio gracias a su aislamiento geográfico y controles fronterizos.
Las autoridades sanitarias dijeron que los casos aumentaban rápidamente. El lunes reportó 140 nuevas infecciones para un total de 1.261, cifra que incluye algunos casos detectados en la frontera antes del brote.
Ocho personas han sido hospitalizadas y un anciano ha muerto, según las autoridades.
Muchos legisladores y funcionarios de alto rango se han contagiado de la enfermedad, incluido el vicepresidente Yosiwo George, quien ha sido hospitalizado, señalaron las autoridades. Añadieron que el vicepresidente estaba mejorando.
Camille Movick, cuya familia es propietaria del restaurante Fusion en el estado de Pohnpei, comentó a The Associated Press que mucha gente ha estado publicando en Facebook pidiendo, por ejemplo, que los demás se mantengan alejados de sus casas.
“Al principio hubo bastante pánico y preocupación entre la mayoría de la gente”, dijo.
Señaló que su restaurante permanecía abierto aunque había poca actividad porque mucha gente tenía miedo de salir a cenar. Dijo que otros restaurantes habían cerrado sus comedores y únicamente ofrecían servicios para llevar.
Movick dijo que las autoridades habían ordenado el uso de masacarillas en público, incluso al aire libre, y quienes no cumplan con la medida enfrentaban multas de 1.000 dólares.
Comentó que algo positivo era que el brote había impulsado a vacunarse a muchas personas que no lo habían hecho.
Dijo que mucha gente sospechaba que el virus pudo estar circulando antes de que se confirmara el primer caso comunitario la semana pasada, porque las autoridades sanitarias no hacían pruebas diagnósticas rutinarias.
El año pasado, Micronesia se convirtió en uno de los pocos países que impuso un amplio mandato que exigía a todos los ciudadanos elegibles a vacunarse contra el COVID-19.
El gobierno amenazó con retener los fondos federales a los individuos o propietarios de negocios que no siguieran las reglas. Las autoridades sanitarias dijeron esta semana que el 75% de las personas de 5 años contaban con esquemas completos de vacunación.
Movick dijo que muchos sectores de la sociedad seguían funcionando como de costumbre, incluyendo a muchas personas que trabajan desde sus oficinas.
“Esperamos que las cosas vuelvan pronto a la normalidad”, señaló Movick. “Al igual que en otros países, con el tiempo lo ha superado y se han retirado las restricciones”.
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