WASHINGTON (AP) — El gobierno del presidente Donald Trump impuso el miércoles sanciones contra la principal fiscal de la Corte Penal Internacional y contra uno de sus asistentes por continuar investigando acusaciones de crímenes de guerra cometidos por estadounidenses. Las sanciones fueron condenadas de inmediato por el tribunal, la ONU y defensores de los derechos humanos.
El secretario norteamericano de Estado Mike Pompeo anunció la medida como parte de la respuesta del gobierno contra el tribunal, afincado en La Haya, por investigar a Estados Unidos y sus aliados. Las sanciones incluyen una congelación de bienes en Estados Unidos o sujetos a las leyes estadounidenses, y penalizan a la fiscal Fatou Bensouda y al jefe de jurisdicción de la corte, Phakiso Mochochoko.
Dijo que la corte, de la que Estados Unidos nunca ha sido parte, era “una institución completamente corrupta y descompuesta”.
“No toleraremos sus intentos ilegítimos de someter a estadounidenses a su jurisdicción", les dijo Pompeo a reporteros en una conferencia de prensa en el Departamento de Estado. Aparte de las sanciones impuestas a Bensouda y Mochochoko, Pompeo dijo que las personas que les provean “ayuda material” al investigar a estadounidenses pudieran enfrentar también penalizaciones.
Previamente, Pompeo había impuesto una prohibición de ingreso a Bensouda y otros empleados del tribunal por investigar acusaciones de tortura y otros crímenes por estadounidenses en Afganistán.
O-Gon Kwon, jefe de la junta de gobernadores de la corte, la Asamblea de Estados Miembros, lamentó las medidas, las cuales describió como “sin precedentes e inaceptables” y como una afrenta a los esfuerzos para combatir la impunidad por crímenes de guerra. Agregó que la asamblea planeaba reunirse en breve para reafirmar el “apoyo incondicional para la corte” y sus empleados.
El secretario general de la ONU recibió la declaración de Pompeo “con preocupación", dijo su portavoz Stephane Dujarric. Resaltó que la ONU espera que Estados Unidos se adhiera a su acuerdo con las Naciones Unidas, que le permite a la fiscal viajar a la sede de la ONU por tareas de la corte internacional.
Grupos de derechos humanos y otros han condenado las acciones del gobierno de Trump contra la corte y el anuncio del miércoles fue recibido de inmediato con fuertes críticas.
“El anuncio de hoy está diseñado para hacer lo que esta administración hace mejor: amenazar e intimidar", dijo Daniel Balson, de Amnistía Internacional USA.
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Los periodistas de Associated Press Mike Corder en La Haya, y Edith M. Lederer, en la ONU, contribuyeron a este despacho.
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