La Policía de Bolivia aún no logra ejecutar la orden de aprehensión contra el hijo mayor del presidente Luis Arce sobre quien pesa una acusación por violencia familiar desde el 20 de septiembre. La fiscal que investiga el caso, Jessica Echeverría, denunció que existe obstaculización en el proceso y que la víctima sufre presiones.

Luis Marcelo Arce Mosqueira fue denunciado por violencia familiar el 19 de septiembre por su presunta pareja, Mary Carmen C.B. Según la fiscal Echeverría, especializada en delitos en razón género, la víctima fue sometida a un examen forense que concluyó que tiene 12 días de impedimento, lo que “significa que los golpes que ha sufrido han sido bastante fuertes”.

Hasta la fecha, se realizó un allanamiento en un departamento de la zona norte de Santa Cruz en el que no se encontró al acusado y según el ministro de Gobierno (Seguridad), Roberto Ríos, se emitió una alerta migratoria contra Arce Mosqueira.

Sin embargo, la fiscal considera que ante las presiones que recibe la víctima el caso puede terminar con un proceso de conciliación. “La víctima no tiene participación (en la investigación) por la presión que ha recibido desde el inicio, tiene mucho temor y no tenemos comunicación con ella, está aterrorizada y no me sorprendería que el día de mañana desista o presente una conciliación”, manifestó la fiscal en entrevista con Infobae.

En relación a los avances de la investigación, Echeverría lamentó no contar con “una policía activa” en la búsqueda de Arce Mosqueira y pidió a los actores encargados de proteger a las mujeres que son víctimas de violencia que “actúen seriamente” para evitar que el caso quede impune.

Por su parte, el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), Mirko Sokol, indicó que están en búsqueda del acusado pero dijo que solo en el departamento de Santa Cruz, existen 7.300 casos abiertos por violencia familiar, alrededor de 2.200 órdenes de aprehensión pendientes de ejecución y que cada investigador tiene alrededor de 160 casos a su cargo.

“No podemos tratar ninguno de los casos de una manera diferente y, por tanto, ellos van a realizar las actuaciones dentro del marco de su competencia y de las posibilidades que puedan tener para ejecutar dicha orden de aprehensión”, explicó el jefe policial en una entrevista con la radio Erbol.

El presidente Arce, que está a poco más de un mes de dejar el Gobierno, se refirió a la denuncia contra su hijo a través de sus redes sociales y manifestó las denuncias contra sus hijos deben ser investigadas y esclarecidas igual que con cualquier otro ciudadano. “Son mayores de edad y plenamente responsables de sus actos”, escribió y dijo que su postura va más allá de su cargo presidencial y responde a su condición de padre que respeta las normas bolivianas.

Fuera de esta denuncia, Arce Mosqueira también fue señalado en 2023 como supuesto intermediario entre el Estado y empresas interesadas en participar en proyectos de industrialización de litio, a raíz de fotografías y grabaciones que fueron difundidas públicamente. La denuncia no prosperó y fue desestimada en abril de 2024 al considerar que el material presentado no constituía prueba suficiente.

Los otros hijos del presidente, Rafael y Camila Arce Mosqueira, también están en la mira de la Justicia por la presunta adquisición irregular de un predio agrícola en el departamento de Santa Cruz. Según las investigaciones, los jóvenes habría adquirido un préstamo millonario para comprar tierra y encaminar el proyecto agropecuario, vulnerando normas ambientales y obteniendo beneficios legales para su desarrollo.

Arce calificó este caso como parte de la “guerra sucia” contra su Gobierno y defendió la inocencia de sus hijos, al señalar que el préstamo fue validado por la solvencia del proyecto.

En las últimas semanas también se conoció que una ex funcionaria de Arce lo acusó por abandono y desconocimiento de la paternidad de un hijo que habrían concebido juntos, el mandatario públicamente afirmó que asumirá su defensa legal y no hizo mayor referencia al caso.