
Una mujer con un embarazo a término en Artigas (el departamento más al norte de Uruguay) expresó en el centro de salud que quería dar a su hijo en adopción al Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU). Cuando se realizaba una ecografía, una enfermera conversó con ella sobre sus planes y luego se puso en contacto con una compañera que tenía el deseo de adoptar el bebé recién nacido.
Entre las dos enfermeras tuvieron la idea de adoptar el bebé de esa mujer saltándose todos los pasos establecidos en la ley, lo que configura un delito.
Las dos enfermeras terminaron imputadas por la Justicia uruguaya por la presunta apropiación de niños, niñas o adolescentes para adopción, consignó El Observador. La imputación es la etapa de la formalización de la investigación judicial. Ahora, la fiscal Beatriz González seguirá investigando y se prevé que una abogada, que defendía a una de las recientes imputadas, también sea imputada por una investigación en su contra.

Las enfermeras compartían trabajo en el Centro de Salud de Artigas y una de ellas trabajaba en una mutualista privada. La mujer que quería adoptar el bebé tenía doble nacionalidad (Artigas es una ciudad limítrofe a la brasileña Quaraí).
El INAU fue el encargado de hacer la denuncia.
La Fiscalía aclaró que se trata de un caso puntual y aclaró que no hay evidencia de que exista una red de trata.
La enfermera que quería adoptar un bebé recién nacido había perdido un embarazo de cinco meses. Después de decidir que quería comenzar ese proceso, se lo comentó a su colega y ella se lo trasladó a la persona de Quaraí que estaba embarazada y que había expresado su voluntad de dar en adopción.
Las dos se pusieron en contacto con ella y le ofrecieron ciertas “comodidades” para obtener la tenencia del bebé, informó el medio uruguayo. La mujer –que aún cursa el embarazo– se negó y eligió contactarse con el personal del INAU con el fin de realizar el proceso por las vías legales.

Pero hubo un momento en el que la mujer se sintió “presionada” por las dos enfermeras que querían que la adopción se concretara de una forma express. Las trabajadoras de la salud le propusieron un plan con lujo de detalles, que implicaba que la mujer embarazada no pudiera pasar por las etapas de atención psicológica y psiquiátrica que están establecidas en la normativa uruguaya.
El plan incluía hacer una cesárea en Brasil y ya habían estimado las fechas en las que el bebé y la mujer estarían aptos para hacer esa intervención. Este proceso se debía realizar del lado brasileño –según propusieron– para evitar los controles médicos y que no quedara registro en Uruguay.
Las enfermeras también ofrecieron dinero para comprar comida y hasta para alquilar un apartamento para que la mujer tuviera todas las “comodidades”.
Como la mujer mostró dudas, la enfermera que tenía la intención de adoptar comenzó a contactar a otras mujeres para saber si ellas sí estaban dispuestas a dar a sus bebés en adopción. Estas dos mujeres, por su labor diaria en centros de salud, tenían acceso a información y contactos.
Las mujeres a las que las imputadas consultaban eran, en general, de contexto crítico y muchas de ellas vivían del lado brasileño de la frontera, según la información que surge de la causa consignada por El Observador.
Las dos enfermeras tenían roles distintos: la que quería adoptar era quien se contactaba directamente con las madres; su compañera era la encargada de pasar los datos de embarazadas a las que se le podrían apropiar de su bebé sin llegar a los controles del INAU.
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