La Guardia Costera de EEUU mantiene una “persecución activa” de un buque que se dirigía a Venezuela

La Guardia Costera de Estados Unidos está persiguiendo a un petrolero en aguas internacionales cerca de Venezuela, según informaron funcionarios a Reuters este domingo. De concretarse, sería la segunda operación de este tipo durante el fin de semana y la tercera en menos de dos semanas.

Un funcionario estadounidense explicó: “La Guardia Costera de Estados Unidos está en persecución activa de un buque de la flota oscura sancionado, involucrado en la evasión ilegal de sanciones vinculadas a Venezuela. El barco navega con una bandera falsa y tiene una orden judicial de incautación”.

Otro funcionario indicó que el petrolero está sancionado, aunque aún no ha sido abordado y las acciones de interceptación pueden variar, desde acercamientos con embarcaciones hasta sobrevuelos cerca del buque señalado.

Los funcionarios, que solicitaron mantener el anonimato, no precisaron la ubicación de la operación ni el nombre del petrolero involucrado. La agencia Bloomberg, en tanto, informa que se trataría del petrolero Bella 1, de bandera panameña y sancionado por Estados Unidos por sus vínculos con el régimen de Irán.

El petrolero realizaba una maniobra de aproximación a la costa venezolana para cargar sus depósitos en el momento de la intervención, según fuentes de Bloomberg. Más tarde, fuentes estadounidenses citadas por medios de ese país señalaron que efectivos de la Guardia Costera mantenían la persecución del buque. La operación, que habría contado incluso con la autorización del Gobierno de Panamá —país bajo cuyo pabellón navega el petrolero—, fue informada por el portal de noticias estadounidense Axios.

Desde junio de 2024, el Bella-1 figura en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos.

El petrolero, de bandera panameña, está vinculado a la compañía Louis Marine Shipholding Enterprises, la cual mantiene relaciones con la Guardia Revolucionaria de Irán. En su orden de sanciones, el Tesoro estadounidense sostiene que esta compañía ha “asistido, patrocinado o proporcionado materialmente apoyo financiero, material o tecnológico” para la fuerza iraní.

En un mensaje difundido en su canal de Telegram, el dictador Maduro se refirió de manera general a la situación y evitó mencionar de forma directa las dos confiscaciones realizadas este fin de semana por Estados Unidos. El mandatario chavista afirmó que Venezuela “lleva 25 semanas denunciando, enfrentando y derrotando una campaña de agresión que abarca desde el terrorismo psicológico hasta los corsarios que han asaltado petroleros”.

No obstante, Maduro sostuvo que están “preparados para acelerar la marcha de la revolución profunda”, en referencia al movimiento y proyecto político del chavismo.

Las confiscaciones de este fin de semana se producen pocos días después de que el presidente Donald Trump anunciara un “bloqueo” total a los petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela, reforzando así la campaña de presión sobre el régimen de Nicolás Maduro.

El sábado Estados Unidos también interceptó un segundo petrolero frente a las costas venezolanas. Según la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, la Guardia Costera de Estados Unidos, con apoyo del Departamento de Guerra, realizó la operación antes del amanecer del 20 de diciembre. Noem publicó en redes sociales un video que muestra un helicóptero sobrevolando la cubierta de un gran petrolero en el mar y afirmó: “Estados Unidos continuará persiguiendo el movimiento ilícito de petróleo sancionado que se utiliza para financiar el narcoterrorismo en la región. Los encontraremos y los detendremos”.

El régimen venezolano condenó la incautación del segundo buque, calificándola de “robo y secuestro” y denunciando la “desaparición forzada” de la tripulación. En un comunicado difundido en redes sociales, la vicepresidenta de la dictadura, Delcy Rodríguez, advirtió que los responsables de estos hechos enfrentarán consecuencias judiciales. El Departamento de Seguridad Nacional identificó al buque como el Centuries, un petrolero de propiedad china con bandera de Panamá, que habría cargado 1,8 millones de barriles de crudo en un puerto venezolano antes de ser escoltado fuera de la zona económica exclusiva del país el 18 de diciembre. Sin embargo, una revisión independiente determinó que el Centuries no figura en la lista oficial de sancionados del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

La portavoz adjunta de la Casa Blanca, Anna Kelly, sostuvo que el Centuries transportaba petróleo sancionado de la estatal venezolana PDVSA y lo describió como “un buque con bandera falsa que opera como parte de la flota en la sombra venezolana”.

La primera de estas operaciones recientes ocurrió el 10 de diciembre, cuando fuerzas estadounidenses incautaron otro gran petrolero frente a las costas de Venezuela, presuntamente involucrado en el transporte de crudo sancionado hacia Irán. Estas acciones forman parte de una estrategia más amplia de Washington, que ha incrementado su presencia militar en el Caribe con el objetivo declarado de combatir el narcotráfico, aunque con un foco particular en Venezuela.

El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, abordó la situación en un acto transmitido por la televisión estatal, donde denunció una campaña de “mentira, manipulación, intervencionismo, amenaza militar, guerra psicológica y terrorismo psicológico”, y aseguró que tales acciones “no nos va a intimidar”.

Actualmente, el despliegue militar estadounidense en el Caribe incluye 11 buques de guerra, entre ellos el portaaviones más grande del mundo, un buque de asalto anfibio, dos buques de transporte anfibio, dos cruceros y cinco destructores. Además, el ejército de Estados Unidos ha realizado ataques aéreos contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el mar Caribe y el océano Pacífico oriental desde septiembre, con un saldo de más de 100 muertos, según cifras no confirmadas por fuentes independientes. Estas operaciones han generado cuestionamientos sobre su legalidad y han alimentado la controversia política en torno a la campaña estadounidense.

Mientras Washington defiende la legalidad y necesidad de sus acciones para frenar el financiamiento ilícito y el narcotráfico, Caracas sostiene que se trata de una ofensiva para derrocar a Maduro y apropiarse del petróleo venezolano, denunciando las interceptaciones como actos de “piratería naval”.

El gobierno venezolano ha reiterado que tomará medidas legales contra quienes considera responsables de estas acciones, subrayando que no permitirá que queden sin respuesta.