El partido de María Corina Machado denunció el arresto de dos colaboradores en una región fronteriza con Colombia

El Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela (VV), partido dirigido por la líder opositora María Corina Machado, denunció la detención de dos colaboradores en un punto de control policial en el estado Táchira, zona limítrofe con Colombia, y exigió información sobre su ubicación.

A través de un mensaje en X, el partido identificó a los detenidos como Pedro Andrade y Hommel Torres, quienes fueron arrestados el domingo cuando se desplazaban a Colombia desde el estado venezolano de Trujillo.

“Exigimos información de dónde están y su libertad inmediata”, expresó la agrupación.

La organización política advirtió que la “represión y el asedio contra la disidencia continúan” en Venezuela, mientras que el “vocero” del régimen de Nicolás Maduro sostiene ante el Consejo de DDHH de la ONU que en el país “no han atacado a nadie”.

Los arrestados colaboran con el Comando Con Venezuela, equipo de organización política vinculado a Machado y al presidente electo Edmundo González Urrutia, precisó una fuente del partido a la agencia de noticias EFE.

La Comisión de Determinación de los Hechos de la ONU para Venezuela afirmó que las investigaciones realizadas durante el último año, periodo en el que aumentó la represión asociada a los resultados de las recientes elecciones presidenciales, confirman que persiste “el crimen de persecución por razones políticas”.

Según la Comisión, “no existe autoridad nacional que haya demostrado ser capaz de prevenir, perseguir y sancionar las graves violaciones de los derechos humanos que constituyen crímenes internacionales”, por lo cual “la única esperanza de justicia para las víctimas” depende de la comunidad internacional.

En otro orden, el régimen de Nicolás Maduro amenazó este martes con imponer un estado de conmoción en Venezuela ante la presencia de buques y submarinos estadounidenses en el Caribe. La dictadura chavista justificó la medida con el argumento de supuestas “agresiones y amenazas extranjeras”.

“Ya pudiéramos decir, está casi listo el primer decreto y las otras medidas de corte constitucional, legales, que permiten el poder del Estado para responder ante una situación de agresión, están listas, están preparadas”, afirmó el líder chavista.

Maduro encabezó una reunión de emergencia con las principales figuras de su aparato político, entre ellas la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Caryslia Beatriz Rodríguez; el titular de la Asamblea Nacional chavista, Jorge Rodríguez; el fiscal, Tarek William Saab; y su vicepresidenta, Delcy Rodríguez. Allí se planteó la activación de este mecanismo que le permitiría suspender derechos y garantías constitucionales durante un plazo inicial de 90 días, prorrogables.

Según el régimen venezolano, la iniciativa permitiría movilizar “a toda la nación” frente a las presuntas amenazas. Aseguró que se trata de “una de varias opciones” que evalúa junto a su círculo más cercano, compuesto por funcionarios cuestionados por graves violaciones a los derechos humanos.