Se ha firmado el primer tratado internacional de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para combatir los ciberdelitos. En una ceremonia en Hanói, Vietnam, cerca de 60 países suscribieron este acuerdo, que busca establecer un marco legal universal para investigar y perseguir delitos cometidos en línea, desde el ransomware y el fraude financiero hasta la difusión no consentida de imágenes íntimas.

El tratado, fruto de cinco años de negociaciones multilaterales, representa un avance en la seguridad digital y la colaboración global.

El nuevo instrumento jurídico define y criminaliza una amplia gama de delitos cibernéticos, entre ellos el phishing, el tráfico en línea y el discurso de odio. Facilita el intercambio de pruebas electrónicas entre países y crea una red de cooperación permanente entre Estados, disponible las 24 horas.

Por primera vez, un tratado internacional reconoce como delito la difusión no consentida de imágenes íntimas, lo que significa un avance para las víctimas de abusos en línea. Incluye salvaguardas para la protección de la privacidad y los derechos humanos, y entrará en vigor 90 días después de que 40 estados lo ratifiquen.

La relevancia de este tratado reside en su carácter pionero como primer marco global contra el ciberdelito. La Asamblea General de la ONU lo adoptó en diciembre de 2024, tras un proceso de negociación que involucró a gobiernos, expertos y organismos internacionales.

Durante la ceremonia de firma, el Secretario General de la ONU, António Guterres, afirmó: “Es un instrumento jurídicamente vinculante para fortalecer la defensa colectiva contra el ciberdelito” y destacó: “Ningún país, sin importar su nivel de desarrollo, quedará indefenso ante el ciberdelito”.

Asimismo, elogió el rol de Vietnam como anfitrión y su integración en la cadena digital global, instando a los Estados a ratificar e implementar el acuerdo con rapidez, especialmente en beneficio de los países en desarrollo.

La reacción internacional ha sido amplia y diversa. Delegaciones de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y otros países participaron en la ceremonia en Hanói, reflejando el interés global en fortalecer la cooperación contra el ciberdelito.

Para muchos gobiernos, especialmente del Sur Global, el tratado significa una oportunidad de acceder a capacitación, asistencia técnica y canales de cooperación en tiempo real. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), responsable de liderar las negociaciones, ha señalado que el acuerdo fija un estándar global para la colaboración entre autoridades y la obtención de pruebas electrónicas, al tiempo que protege la dignidad y los derechos fundamentales.

No obstante, el tratado ha generado críticas y preocupaciones en empresas tecnológicas y organizaciones de derechos humanos. El Cybersecurity Tech Accord, que reúne a compañías como Meta y Microsoft, calificó el pacto como un “tratado de vigilancia”, al advertir que podría facilitar el intercambio de datos entre gobiernos y criminalizar la labor de investigadores éticos que buscan vulnerabilidades en los sistemas.

Por su parte, Human Rights Watch denunció detenciones por disidencia en línea en Vietnam, país anfitrión del evento, mientras que el Departamento de Estado de Estados Unidos mencionó problemas significativos de derechos humanos, incluyendo la censura digital.

Aunque la UNODC sostiene que el tratado incluye provisiones para salvaguardar los derechos humanos y la investigación legítima, existen dudas sobre su implementación en contextos donde la libertad de expresión está restringida.

El principal desafío será asegurar que la implementación del acuerdo respete los derechos fundamentales y no genere abusos o restricciones indebidas a la investigación y la libertad digital.

Para los países en desarrollo, la convención ofrece la posibilidad de fortalecer sus capacidades técnicas y jurídicas frente a un fenómeno que podría costar a la economía global hasta USD 10,5 billones anuales en 2025.

En este contexto de avances y desafíos, la comunidad internacional asume la responsabilidad de construir un entorno digital donde la seguridad y la cooperación se equilibren con el respeto a la dignidad y los derechos de todas las personas.