El debate global en torno a nuevas normativas para menores en internet muestra tensiones entre protección, creatividad y la responsabilidad de las empresas tecnológicas en la experiencia juvenil online. A nivel internacional, una ola de restricciones de edad en redes sociales crece.

Gobiernos de Australia, Nueva Zelanda, Dinamarca, Reino Unido, Francia, Noruega, Pakistán y Estados Unidos impulsan medidas para limitar el acceso de menores a plataformas como TikTok, Instagram y Snapchat.

Estas acciones, que surgieron en 2023 y 2024, responden a la preocupación por la salud mental juvenil; sin embargo, también inician un debate sobre el trasfondo moral y cultural de tales políticas, descritas por algunos analistas como una “nueva era victoriana digital”.

Australia se presenta como pionera al anunciar restricciones para menores de 16 años, mientras que Nueva Zelanda examina medidas similares. En Dinamarca, la primera ministra propone prohibir el acceso a redes sociales a menores de 15 años y afirma: “Los teléfonos móviles y las redes sociales roban la infancia de nuestros hijos”, recogió The Conversation.

Otros países europeos, junto con Pakistán y varios estados de Estados Unidos, diseñan regulaciones que requieren consentimiento parental o verificación digital de identidad para acceder a una cuenta en redes sociales.

Las justificaciones oficiales de estas políticas se concentran en la protección de menores y la prevención de la exposición a contenidos explícitos o adictivos. El discurso público destaca la necesidad de protegerlos de posibles daños psicológicos y sociales debido al uso intensivo de las redes. Sin embargo, estas medidas demuestran un cambio en los valores culturales y morales que orientan la regulación digital, más allá de la simple retórica de la seguridad.

El análisis cultural del fenómeno revela paralelismos con la era victoriana, época con normas sociales rigurosas y regulación estricta del comportamiento público. Actualmente, el “bienestar digital” se define por ideales de autocontrol y moderación, mientras que las conductas expresivas en línea reciben una mirada problematizadora.

Esta visión surge en el trabajo del psicólogo Jonathan Haidt, autor de The Anxious Generation, quien sostiene que las redes sociales favorecen comportamientos performativos y erosionan la resiliencia psicológica y los valores cívicos en la juventud.

Según Haidt, el entorno digital actual fomenta desregulación emocional y deterioro en la convivencia, lo que refuerza el argumento de que las redes sociales resultan perjudiciales y corruptoras.

No obstante, la evidencia científica sobre el impacto en la salud mental juvenil genera controversia. Las conclusiones de Haidt encuentran sustento en estudios correlacionales y lecturas parciales de los datos. Algunas investigaciones relacionan el uso intensivo de redes sociales con síntomas de ansiedad y depresión, pero otros trabajos sostienen que los efectos se consideran modestos y varían según contexto, plataforma y características individuales.

El debate académico resalta la importancia de reconocer la autonomía digital juvenil, es decir, la capacidad de los jóvenes para desenvolverse de manera creativa y crítica en esos entornos.

En lugar de adoptar solo un papel pasivo, los jóvenes transforman plataformas como TikTok y YouTube en espacios de aprendizaje, expresión y conexión. La producción de memes, la edición de videos y las nuevas formas narrativas digitales constituyen ejemplos de capacidades emergentes que desafían la noción de un deterioro generacional. Regular el acceso de los menores sin considerar estas competencias implica frenar la innovación y mantener modelos tradicionales de comunicación que no dialogan con las realidades digitales actuales.

En este contexto, la crítica académica sostiene que las restricciones de edad solucionan solo los síntomas y ignoran causas estructurales, como el diseño de plataformas orientado a maximizar el tiempo de uso y la recolección de datos.

El jurista Eric Goldman, citado por The Conversation, define la estrategia de restringir a los jóvenes como una política de “segregar y suprimir”, que sanciona a los usuarios en vez de imponer responsabilidad a las empresas tecnológicas.

“Así como no existe una prohibición para que los niños vayan a los parques, sino que se garantiza su seguridad, la regulación debería establecer barreras de protección y deberes de cuidado para las plataformas”, explica Goldman.

Las consecuencias potenciales se extienden más allá de la seguridad: limitar el acceso a redes sociales puede restringir la autonomía, creatividad y capacidad de expresión de los jóvenes. El auge de las prohibiciones refleja un resurgimiento de valores conservadores en la vida digital, donde la atención, la comunicación y la identidad constituyen campos de disputa moral. Al mismo tiempo, internet funciona como una infraestructura social en transformación gracias al protagonismo juvenil.

Proteger a los menores de los riesgos digitales no significa anular las habilidades y voces capaces de contribuir a un futuro digital más inclusivo y creativo.