Como ocurre en muchos países, el trabajo remoto se ha convertido en uno de los formatos preferidos por los empleados. Los ingenieros en España también buscan esta modalidad. Sin embargo, al trabajar para empresas internacionales, aparecen obstáculos que muchas tecnológicas prefieren evitar.

David Bonilla, fundador de Manfred, explicó en X (antes Twitter): “Contratar en remoto laboralmente en España es imposible si no tienes una filial, así que tienes que utilizar intermediarios (como Deel o Remote) o emplear a la gente como (falsos) autónomos o SLs... y eso implica un riesgo más allá del laboral”.

Según Bonilla, si una empresa es considerada ‘establecimiento permanente’ en España, debe tributar en este país por los servicios prestados.

En el caso de empresas de software que contratan personal en remoto, Bonilla advierte: “Si tienes cierto número de personas trabajando en remoto —ya sea a través de intermediarios o como autónomos— la posibilidad de que Hacienda determine que tienes un ‘establecimiento permanente’ en España aumenta exponencialmente”.

Este escenario resulta especialmente complejo para las tecnológicas medianas, no por falta de voluntad para pagar impuestos, sino porque no cuentan con la estructura ni los procesos necesarios para gestionar la facturación internacional.

Bonilla señala que el problema no radica en el empleado, sino en el riesgo fiscal: la obligación de tributar no solo por los salarios, también por las ventas generadas en el país.

Cuando una empresa tiene trabajadores en muchos países y debe liquidar impuestos en cada uno de ellos, la dificultad administrativa se multiplica.

La conversación surgió cuando un creador de contenido tecnológico preguntó a los directivos de la empresa Vercel por qué España no aparecía en la lista de países donde se podía optar por trabajo remoto—solo figuraban Alemania y el Reino Unido.

La respuesta fue clara: “Lamentablemente, tuvimos que dejar España; resultó extremadamente difícil emplear y hacer crecer nuestra empresa allí. ¡Lo intentamos!”.

Las barreras fiscales y administrativas han limitado el acceso del talento español a oportunidades internacionales, dejando a muchas tecnológicas extranjeras fuera del mercado laboral local.

Un establecimiento permanente en España es la figura fiscal que define cuándo una empresa extranjera debe tributar en el país por las actividades económicas que desarrolla aquí, aunque no tenga una sede física formal.

Según la legislación española, se considera establecimiento permanente cualquier lugar fijo de negocios donde la empresa realice toda o parte de su actividad, como una oficina, sucursal, taller o incluso obras de construcción que duren más de seis meses.

Por ejemplo, si una empresa tecnológica de Estados Unidos presta servicios a clientes españoles y decide abrir una oficina en Madrid, esta oficina se considera un establecimiento permanente.

De igual forma, si la empresa no abre oficina, pero contrata a varios empleados en España que trabajan en remoto de manera constante y organizada para la empresa, la Agencia Tributaria puede determinar que existe un establecimiento permanente.

Aunque no haya local propio, el simple hecho de tener una presencia continuada puede activar esta condición.

Esta figura es relevante porque implica la obligación de tributar en España por los beneficios generados aquí, no solo por los salarios del personal local, también por las ventas atribuibles al mercado español.

Por eso, muchas tecnológicas internacionales son cautelosas antes de contratar personal fijo en España sin contar con la estructura fiscal adecuada.

Según el informe ‘El teletrabajo en España. Antes, durante y después de la pandemia’, elaborado por el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (ONTSI), el 84% de la población española desearía trabajar a distancia.

Esta cifra representa el tercer porcentaje más alto dentro de la Unión Europea, solo superado por Finlandia y Suecia.

No obstante, los resultados muestran una realidad más limitada: durante la primavera de 2021, el promedio semanal de teletrabajo fue de 15 horas, lo que evidencia que la adopción real todavía no ha alcanzado el deseo generalizado.

Entre quienes ya teletrabajan, el 39% desea mantener su rutina actual, el 35% preferiría aumentar el tiempo de trabajo remoto y solo el 26% optaría por reducirlo.