Procesaron con prisión preventiva en Tucumán a un padre y su hijo por organizar el transporte de 155 kilos de cocaína desde Bolivia

Un fallo de alto impacto emitió el juez federal de Tucumán, Guillermo Díaz Martínez, tras procesar con prisión preventiva y dictar embargos de 50 millones de pesos a un hombre de nacionalidad boliviana y su hijo, acusados de orquestar el transporte de más de 150 kilos de cocaína a través del noroeste argentino.

La causa, que involucró tareas de inteligencia y rastreo de Gendarmería Nacional, expuso el funcionamiento logístico de redes transfronterizas de narcotráfico en la región y motivó la intervención de la Fiscalía Federal N°2 de Tucumán, bajo la titularidad de Agustín Chit, con la colaboración de Julia Vitar.

Según informó la página web de los fiscales, el caso se remonta al 26 de enero de 2025, cuando cuatro personas quedaron detenidas en un control vial en el kilómetro 896 de la ruta nacional 34, tras una maniobra evasiva que delató el transporte de la droga. El operativo permitió identificar una estructura criminal que integraba a ciudadanos bolivianos y argentinos, lo que forzó la intensificación de las tareas investigativas y los allanamientos posteriores.

Personal de Gendarmería Nacional apostado sobre la ruta 34 detectó una maniobra brusca de una camioneta Toyota Hilux gris al advertir la presencia de los agentes. El vehículo tomó un desvío hacia un camino secundario, lo que motivó un rastrillaje en la zona rural adyacente. Finalmente, los uniformados interceptaron la camioneta y detuvieron a sus cuatro ocupantes: A.A., L.M.C.O., R.S.V. y D.G., informando que los tres últimos tenían nacionalidad boliviana.

Al inspeccionar la caja, los agentes hallaron cinco bultos envueltos en bolsas arpilleras con un total de 150 paquetes rectangulares. Las pruebas de narcotest dieron positivo para cocaína, y el pesaje definitivo alcanzó 155,6 kilogramos de la sustancia. Los paquetes estaban marcados con la silueta de un delfín en bajorrelieve, un modo que suele asociarse a organizaciones narcocriminales de Bolivia.

Fuentes puntualizaron que, además del estupefaciente, se incautó dinero en varias divisas, chips de telefonía de compañías argentinas y bolivianas, celulares y documentación bancaria de ambos países.

En sede judicial, los cuatro detenidos se abstuvieron de declarar sobre el origen y destino de la droga, aunque reconocieron efectos personales secuestrados. Fueron imputados por el transporte de más de 150 kilos de cocaína con fines de comercialización, agravado por la participación de una estructura organizada de tres o más personas.

Durante la instrucción, dos de los imputados aceptaron colaborar. Aportaron el dato clave de que habían sido contactados por un hombre boliviano identificado como R.O., residente en La Plata, y que su hijo, M.A.O., oficiaba de “coche puntero” en la ruta. Describieron viajes previos y un esquema en el que “pasadores” cruzaban la frontera en mochilas, utilizando vías de tierra y sistemas de comunicación satelital por falta de señal. Esta modalidad quedó respaldada por datos de telefonía, declaraciones y análisis de geolocalización.

Del análisis de los teléfonos celulares y las celdas GPRS utilizados por los acusados, surgió la reconstrucción de cinco desplazamientos logísticos clave en todo 2025 hacia Salta, Mendoza y pasos fronterizos a Chile y Bolivia, en líneas temporales que coincidían con operaciones de tráfico internacional, conforme al informe del fiscal Chit.

Frente a la evidencia acumulada, el magistrado Díaz Martínez dispuso el procesamiento con prisión preventiva de los principales acusados y ordenó embargos por 50 millones de pesos para cada uno de los implicados. Los fundamentos del fallo incluyeron la magnitud del cargamento, intentos de fuga, presencia de moneda extranjera, documentación y la articulación de rutas internacionales, lo que, a criterio judicial, demostraba el carácter de organización criminal de la estructura denunciada.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) detalló que tanto R.O. como M.A.O. dirigían y coordinaban la maniobra, encargándose de definir rutas, horarios y adquisiciones de vehículos. Los viajes entre 2024 y 2025, documentados en registros oficiales y multas viales, consolidaron la hipótesis de logística delictiva a gran escala.

La investigación judicial se robusteció cuando un informe del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor (DNRPA) confirmó que se utilizaba uno de los vehículos de R.O. en la maniobra, y que este registraba antecedentes viales recientes en recorridos estudiados por el MPF.

Ante la prueba reunida, la fiscalía pidió allanamientos y detenciones de los organizadores para evitar riesgos de fuga y entorpecimiento de la causa. El procedimiento se ejecutó el 17 de octubre en el domicilio de La Plata, donde se confiscaron tres vehículos y múltiples dispositivos electrónicos.

Durante la declaración indagatoria, R.O. justificó sus viajes por motivos familiares, laborales y electorales, y negó vínculo con el transporte de la droga incautada. El juez rechazó esta versión, señalando la contundencia de los elementos telefónicos y las coincidencias de geolocalización, sumadas a las comunicaciones frecuentes con los imputados en fechas clave. Por su parte, M.A.O. se acogió a su derecho de no declarar.

La causa continúa en trámite bajo supervisión del Juzgado Federal N°1 de Tucumán, con los acusados bajo detención preventiva y la instrucción orientada a determinar el alcance de la red delictiva. Las actuaciones judiciales mantienen en foco el tráfico de estupefacientes en las fronteras norteñas y la sofisticación de las estructuras logísticas empleadas.