Un operativo conjunto de migraciones y fuerzas federales culminó en la detención de un taxista acusado de participar en el transporte de 9 kilos de cocaína.
El hombre, identificado como Álvaro Facundo Luján, fue interceptado en el paso fronterizo de Paso de los Libres, Corrientes, cuando intentaba ingresar a Brasil a principios de noviembre. La captura se concretó apenas días después de que evitara un allanamiento en su vivienda en San Miguel de Tucumán, y la justicia federal de Salta ordenó desde entonces su prisión preventiva.
La detención ocurrió el pasado 3 de noviembre. El área de Atención Inicial de la Unidad Fiscal Salta, a cargo de la fiscal subrogante Paula Gallo, confirmó que Luján tenía dictada una orden de captura nacional e internacional. La magistrada federal Mariela Giménez convalidó su arresto y autorizó la formalización de la causa, donde el taxista figura como presunto coautor del delito de transporte de estupefacientes.
La intervención estuvo motivada por la sospecha de que el imputado intentaba eludir la acción de la justicia tras frustrarse su intento de ingresar a territorio brasileño. El proceso penal actualmente se centra tanto en la responsabilidad directa de Luján como en la estructura detrás del movimiento de las sustancias incautadas.
Según detalló la página web de los fiscales, la pesquisa comenzó el 20 de marzo, cuando personal de la Gendarmería Nacional detuvo una camioneta Toyota Hilux en el puesto de control El Naranjo, en Rosario de la Frontera. El primer indicio surgió cuando los agentes advirtieron signos inusuales en los tornillos de las ruedas del vehículo. De acuerdo a la exposición fiscal, se realizó entonces una requisa más exhaustiva, con la intervención directa de la fiscalía sobre el lugar.
El registro arrojó un dato clave: 9,400 kilogramos de cocaína, con un nivel de pureza de hasta el 89%, repartidos en dos neumáticos, diseñados para ocultar la sustancia. Las autoridades calcularon que el cargamento podía rendir más de 72.000 dosis. El conductor de la Hilux, Delmiro Prado, enfrentó de inmediato cargos por transporte de estupefacientes.
De acuerdo a lo expuesto por Gallo durante la audiencia, la investigación se habría dirigido a Luján tras el análisis del teléfono celular secuestrado a Prado. El estudio del geoposicionamiento y otras tareas de inteligencia criminal permitieron establecer que el taxista acompañó la travesía como “coche puntero”, vigilando la ruta para alertar sobre controles y facilitar así el paso de la droga.
Tras autorizar nuevas medidas, la fiscalía localizó el domicilio de Luján en San Miguel de Tucumán y organizó una vigilancia. El 30 de octubre Gendarmería Nacional allanó la residencia. El investigado arribó luego en un Fiat Palio, y al advertir la presencia de los uniformados, huyó. Esa huida, derivó en un pedido urgente de captura nacional e internacional respaldado por el Ministerio Público Fiscal (MPF).
El taxista fue detenido luego de que intentara cruzar a Brasil presentándose en la fila incorrecta ante la Dirección Nacional de Migraciones.
Al ser guiado a la ventanilla correspondiente, el personal comprobó que existía una orden de captura y coordinó su arresto inmediato. La defensa argumentó que el imputado no intentaba fugarse sino que “de haber tenido voluntad de huir se habría dirigido a un paso ilegal”, declaración que fue impugnada por la fiscalía.
La jueza federal de Garantías N°2 de Salta, Mariela Giménez, declaró legal la detención y ordenó mantener a Luján en prisión preventiva.
En la audiencia, la fiscal subrogante Paula Gallo recordó el antecedente del imputado, quien ya había recibido en 2022 una condena condicional de tres años por amenazas agravadas y lesiones graves dictada en el fuero provincial de Tucumán.
La fiscal fundamentó el pedido de prisión por la “reiterancia delictiva”, una figura introducida en marzo en el Código Procesal Penal Federal. La ley establece que la existencia de múltiples causas penales puede considerarse un obstáculo para beneficios excarcelatorios, aunque no se dictaran sentencias firmes. En la audiencia, Gallo argumentó que la gravedad del cargamento y el impacto sobre la salud pública, sumados a los compromisos internacionales suscriptos por la Argentina, reforzaban la peligrosidad procesal del acusado.
La jueza Giménez rechazó la opción de arresto domiciliario planteada por la defensa y autorizó el acceso a información bancaria y financiera de Luján, a fin de avanzar en los peritajes patrimoniales. La medida se suma a otras diligencias propuestas por el MPF para determinar la posible existencia de una red criminal más amplia.
La causa, coordinada por la fiscal subrogante Paula Gallo junto a la auxiliar fiscal Vanina Pedrana, sigue su curso con la meta de esclarecer el rol de Luján y sus nexos con otros actores ligados al transporte de estupefacientes.
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