El Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, dictó el procesamiento sin prisión preventiva de 11 personas acusadas de integrar una organización criminal dedicada al hackeo y comercialización de datos confidenciales de organismos públicos y privados, en una causa que expone la sofisticación y el alcance de las nuevas formas de criminalidad digital en la Argentina.
La resolución, firmada este jueves, recayó sobre Tobías Silva, sindicado como jefe de la banda, y sobre Ramiro Juan Deroma Marconi, Aritz Joaquín Jalife, Luciano Curcio, Tiziano Gabriel Di Bartolo Michalowsky, Luciano Louge, Ramiro Agustín Scrocca Fernández, Karen Alejandra Chaves, Matías Nahuel Cipriani, Víctor Manuel Fabio Silva Santivañez y un menor de 16 años, todos considerados miembros activos de la organización.
La investigación, impulsada por la Fiscalía Federal de Campana bajo la dirección del fiscal Sebastián Bringas, se inició el 10 de marzo, a partir de un informe del Departamento de Inteligencia Contra el Crimen Organizado de la Policía Federal Argentina, que detectó la oferta de una herramienta llamada Sherlock Alerts en un grupo público de Telegram.
Esta aplicación permitía el acceso en tiempo real a datos privados de bases estatales como la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA), la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP).
El grupo, según la causa, operaba a través de una red descentralizada en Telegram, aprovechando las características de anonimato y seguridad de la plataforma para maximizar beneficios y reducir riesgos.
La operatoria de la organización incluía la venta de bases de datos hackeadas, la creación y comercialización de herramientas automatizadas conocidas como BOTs, y la realización de maniobras de carding (uso ilegal de datos de tarjetas de crédito o débito), suplantación de identidad, falsificación de documentos, manipulación de IMEI de teléfonos y diversas formas de estafas virtuales.
El informe policial destacó que el grupo “representa una evolución de la criminalidad organizada, adaptable y resiliente, impulsada por una mixtura de lucro económico, la búsqueda de estatus y una inquietante ausencia de moralidad, operando con gran eficiencia a través de roles dinámicos en una red descentralizada que les permite maximizar sus operaciones ilícitas, principalmente en el ámbito cibernético”.
El 15 de octubre se realizaron allanamientos en 22 domicilios vinculados a los sospechosos, con el secuestro de elementos informáticos y de telefonía que actualmente son objeto de peritaje. En esa oportunidad, se dispuso la detención de los principales imputados, quienes fueron indagados al día siguiente.
La investigación determinó que la organización funcionaba con una estructura interna de rangos —fundadores, administradores, moderadores y revendedores— y que los pagos por los servicios ilegales se realizaban mayoritariamente mediante criptoactivos.
El juez federal de Campana consideró acreditado, con el grado de probabilidad propio de esta etapa procesal, que Tobías Silva —alias “TreeNix”— era el jefe y fundador de los grupos de Telegram “Dictadores” y “Sherlock Group/#Comunidad”, y que junto a otros miembros, entre ellos menores de edad, integraba una asociación ilícita dedicada al acceso ilegal y comercialización de datos confidenciales.
La resolución detalla que “la actuación que les cupo en el ejercicio de sus funciones, era realizada con conocimiento de que de ese modo integraban una organización criminal orientada a la comisión de las diversas maniobras descritas en los hechos”.
Entre los roles identificados, dos adolescentes de 15 y 16 años aparecen como vendedores de BOTs, mientras que otros, como Deroma Marconi —alias “Conde1337”—, proveían servicios de alojamiento de servidores para las herramientas automatizadas. Louge y Scrocca Fernández también habrían participado en hackeos y creación de cuentas bancarias con datos robados.
Chaves, por su parte, admitió haber sido revendedora de BOTs, aunque alegó haber actuado bajo amenazas, argumento que el juzgado desestimó por considerarlo un intento de mejorar su situación procesal.
La causa se apoya en una vasta cantidad de pruebas, entre ellas sumarios policiales, informes de empresas de telecomunicaciones, bancos y billeteras virtuales, así como el resultado de las tareas del Agente Encubierto Digital, que logró adquirir y probar varias de las herramientas ofrecidas por la organización.
El juez subrayó que “la gran cantidad de elementos probatorios reunidos hasta aquí reflejan que Tobías Silva era el jefe u organizador de la banda, en tanto era el encargado de controlar y dirigir los movimientos de los demás miembros”.
En el caso de Curcio, además de los delitos informáticos, se le imputa la tenencia de 1.865 gramos de marihuana, semillas y dos balanzas digitales, hallados durante el allanamiento en su domicilio de Marcos Paz.
La calificación legal atribuida a los imputados es la de asociación ilícita, en carácter de jefe para Silva y de miembros para el resto, en concurso real con los delitos de sustracción y alteración de registros o documentos confiados a la custodia de un funcionario público, acceso ilegal a bancos de datos personales, y agravantes por la intervención de menores de 18 años. En el caso de Curcio, se suma la tenencia simple de estupefacientes.
El juzgado dispuso la libertad provisoria de todos los procesados, bajo la condición de fijar domicilio y presentarse ante cualquier requerimiento judicial, al considerar que no existen riesgos procesales concretos de fuga o entorpecimiento de la investigación. Además, ordenó embargos preventivos sobre los bienes de los imputados por montos que oscilan entre $97.000.000 y $115.000.000, según el grado de responsabilidad atribuido.
Respecto del adolescente de 15 años, se decretó el sobreseimiento por no ser punible según la ley penal argentina para menores de 16 años.
La resolución concluye que la organización criminal desarticulada “conlleva un riesgo significativo en cuanto a la protección de datos personales, bancarios o patrimoniales de los ciudadanos argentinos y que, además, se encuentran a resguardo de organismos del Estado Nacional”.
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