Sergio Lello Sánchez es ex procurador general de Jujuy. Días atrás renunció, de forma sorpresiva, al igual que su segundo, Ignacio Pasquini, luego de ser suspendidos, en un trámite exprés, por la Legislatura y tras una serie de hechos que resultan, al menos, llamativos.

Sucede que en la sesión del 2 de octubre se reflotó el pedido de juicio político realizado por ex funcionarios del Ministerio Público de la Acusación, que fueron desplazados por el propio Lello Sánchez, justo después de que se filtraran a la prensa chats en los que la jueza de Corte Laura Lamas González; el sacerdote Luis Bruno, acusado por abuso sexual, y el obispo de Jujuy, César Fernández, se ponen de acuerdo para ofrecerle 10 mil dólares a la víctima con el fin de silenciarlo.

La conversación en cuestión se encontró en el celular de Bruno. Ese hallazgo motivó un incidente en la causa por el que se pidió su prisión preventiva para impedir que el supuesto agresor sexual entorpezca la investigación.

Todavía procurador, Lello Sánchez informó que la víctima había presentado una denuncia contra el cura, Fernández y Lamas González. Además, indicó que se estaba investigando el episodio.

Al mismo tiempo, negó que la filtración de esos chats hubiera salido desde el Ministerio Público de la Acusación y agregó que al expediente habían tenido acceso también “el Ministerio Público de la Defensa, abogados defensores particulares y el personal de la Oficina de Gestión Judicial del Poder Judicial”.

Lello Sánchez tiene una trayectoria de una década frente a la Procuración provincial. Impuso el sistema acusatorio y conformó nuevas fiscalías. Sus colegas hablan por estas horas de “atropello institucional”, “violación de garantías de defensa”, “escarnio público” y “disciplinamiento”.

El diputado provincial de Primero Jujuy Avanza, Facundo Figueroa Caballero, fue quien dio cuenta, en la sesión del 2 de octubre, del pedido de juicio político contra Lello Sánchez y el procurador adjunto que había sido solicitado por Walter Rondón, Agustina Aramayo, Augusto Baiud, Carlos Ariel Gil Urquiola, Cristian Rivero y Rodrigo Fernández Ríos, por malversación de fondos.

El vicegobernador y presidente de la Legislatura, Alberto Bernis, envió el pedido a la Comisión Investigadora que dispuso la inmediata suspensión de los funcionarios denunciados, en un documento que lleva el membrete del Partido Justicialista.

También se solicitó que se allanaran las oficinas del MPA e, incluso, la casa de Lello Sánchez, que supervisaba, además, unas cinco causas ligadas a la corrupción en las más altas esferas de la política.

El procedimiento en la sede del Ministerio Público se realizó por un nutrido grupo de la Policía de Jujuy ese mismo día. Los legisladores pidieron el secuestro de equipos informáticos (PC, notebooks, netbooks), discos rígidos, dispositivos de almacenamiento, servidores, teléfonos corporativos, documentación relativa a legajos personales de funcionarios y magistrados, registros de subastas, convenios y cualquier otro documento o soporte que pueda resultar de interés para la investigación.

Aunque se había solicitado el allanamiento al domicilio particular de Lello Sánchez, finalmente, ese operativo no se realizó, aunque le secuestraron el celular.

Fuentes del MPA indicaron a Infobae que el organismo estuvo cuatro días sin funcionar. Recién este martes asumió el nuevo procurador, Alejandro Bossatti.