Un megaoperativo en Arroyo Leyes reveló este miércoles las condiciones laborales extremas a las que estaban sometidos más de 40 trabajadores golondrina en un campo de frutillas cercano a la ciudad de Santa Fe. Allí, se constató que los empleados, en su mayoría provenientes de Chaco, vivían y trabajaban en un contexto de precariedad absoluta, muy lejos de las promesas iniciales.

A los 42 trabajadores se les había ofrecido un pago de 1.000 pesos por cajón y alojamiento adecuado. Sin embargo, al llegar al predio, se toparon con una realidad muy distinta: camas improvisadas sobre cajones de madera, viviendas en estado ruinoso y una remuneración real de apenas 600 pesos por cajón. Las jornadas laborales se extendían sin descanso, lo que agravaba aún más la situación de vulnerabilidad de los empleados.

El fiscal Walter Rodríguez explicó a LT10 que, aunque los trabajadores no se encontraban retenidos por la fuerza, su libertad estaba severamente restringida. “Por las extensas jornadas laborales, solamente por el cansancio y por no tener medios económicos, estaban impedidos de poder salir del lugar de facto”, detalló el funcionario judicial en diálogo con el medio santafesino.

La investigación se originó tras la denuncia de tres trabajadores chaqueños que, luego de un conflicto económico con los responsables del campo, decidieron regresar a su provincia. Antes de partir, presentaron una denuncia en una comisaría local, lo que motivó la intervención de la Justicia Federal.

El fiscal Rodríguez describió el escenario en el predio como un claro “abuso de la situación de vulnerabilidad de los trabajadores”.

Las víctimas recibieron asistencia de personal especializado en trata de personas y fueron puestas bajo resguardo.

Durante el procedimiento, las fuerzas de seguridad incautaron escopetas, revólveres, pistolas, cargadores y más de 300 cartuchos de distintos calibres. Además, se secuestraron celulares, computadoras, documentación contable, una camioneta Amarok, más de 10 millones de pesos en efectivo y 4.205 dólares.

La operación fue supervisada por el fiscal federal Walter Rodríguez y contó con la colaboración de la Agencia de Investigaciones sobre Trata de Personas y Criminalística (ambas de la PDI), la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) y la Coordinación de Rescate Nacional.

Como resultado de la inspección, un joven de 25 años fue detenido y otro hombre de 64 años quedó vinculado a la causa.

Una mujer fue rescatada en Rosario tras haber permanecido en condiciones de servidumbre durante 22 años. Su calvario comenzó cuando tenía tan solo 14 años y se extendió hasta la actualidad. El operativo fue realizado por la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales (DUOIE) de la Policía Federal en una vivienda del barrio Martín de Rosario, cerca del Monumento Nacional a la Bandera.

La intervención se originó luego de que la víctima recibiera atención médica en un centro de salud, donde se detectaron lesiones compatibles con golpes y maltratos. Esta situación motivó una denuncia que, el mes pasado, derivó en la apertura de una investigación y en la realización de los procedimientos policiales.

Durante los operativos, autorizados por el juez de Garantías Román Lanzón, se dispuso la presencia de un equipo de psicólogos para asistir a la víctima. Además, la coordinación estuvo a cargo de los fiscales federales Javier Arzubi Calvo, María Virginia Sosa, Soledad García y Andrés Montefeltro, en conjunto con la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe y la Defensoría del Pueblo.

La mujer había sido llevada desde Corrientes en contra de su voluntad cuando era adolescente y, según los indicios reunidos, fue obligada a realizar tareas domésticas y a cuidar a personas mayores sin recibir ningún tipo de remuneración. Solo se le permitía salir del domicilio para hacer mandados y, de acuerdo con la causa, es analfabeta y fue sometida a golpes cuando no cumplía con las tareas impuestas.

En un segundo procedimiento en Pueblo Esther, los agentes incautaron un revólver y un rifle. Un hombre fue notificado por la tenencia de estas armas y regresó a la vivienda de la calle Montevideo para quedar al cuidado de una de las mujeres investigadas, quien padece Alzheimer.

La víctima fue trasladada a un centro de Asistencia a las Víctimas de Trata de Personas.