La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Morón resolvió otorgarle prisión domiciliaria al abogado Matías Rodrigo Giovanelli, señalado como el líder de la banda de “caranchos top”, dedicada a estafar a aseguradoras. En el caso interviene la UFI N°5 de Morón, de los fiscales Claudio Oviedo y Marisa Monti.

La misma medida alcanzó a Juan Carlos Cavallo, otro de los abogados involucrados en la maniobra. Ambos continuarán el proceso con monitoreo electrónico y el pago de una caución real de $30.000.000 cada uno, según consta en la resolución firmada el último viernes. La medida mantiene la morigeración ya otorgada a la médica Ariana Frank, también imputada en la causa.

De acuerdo con el fallo, la decisión se adoptó tras analizar los recursos de apelación presentados por las defensas de los tres imputados contra la resolución del 30 de julio de 2025 del Juzgado de Garantías N° 6 de Morón, que había convertido en prisión preventiva sus detenciones.

La Cámara consideró que si bien la medida de coerción dictada por el juez de garantías podía ser idónea para asegurar el proceso, resultaba desproporcionada en función de la carencia de antecedentes penales, el arraigo domiciliario y la posibilidad de que una eventual condena sea de ejecución condicional. Por este motivo, se optó por una alternativa menos gravosa, consistente en la prisión domiciliaria bajo control de monitoreo electrónico (GPS) y la imposición de una caución real.

La causa investiga una serie de hechos ocurridos entre enero de 2024 y febrero de 2025, en los que, según la acusación, los imputados habrían presentado reclamos falsos a una aseguradora utilizando documentación apócrifa y certificados médicos presuntamente falsos, con el objetivo de obtener pagos indebidos por indemnizaciones y honorarios.

Entre los hechos atribuidos, se señala que Cavallo habría utilizado poderes generales judiciales falsificados para iniciar reclamos y cobrar sumas de $90.000, $97.500 y $165.000 en distintos expedientes.

En tanto que a Giovanelli -defendido por el abogado Iván Mendoza- y a Frank se les imputa la participación en intentos de estafa mediante la denuncia de siniestros inexistentes, en algunos casos frustrados por la intervención de la aseguradora.

La resolución detalla que la investigación se sustenta en declaraciones testimoniales de integrantes de la aseguradora, informes documentales, registros de transferencias bancarias y testimonios de escribanas que negaron la autenticidad de los poderes presentados.

Además, se menciona que una de las personas señaladas como parte de la maniobra, Micaela Carla Palmisano, permanece prófuga.

El tribunal rechazó los planteos de las defensas que cuestionaban la existencia de perjuicio económico y la responsabilidad penal de los imputados, al considerar que en esta etapa procesal basta con la existencia de indicios vehementes de participación en los hechos investigados. También se desestimó el pedido de excarcelación ordinaria para Giovanelli, confirmando la negativa dictada en primera instancia.